“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

 

Paulo Díez quiere pasar por víctima

Las investigaciones contra el Grupo Infraiber alcanzan al abogado de la empresa que se convirtió en accionista y operó bonos ilegales, como el ‘carrusel financiero’, para evadir impuestos

 

Como asesor legal y parte interesada hizo gestiones ante la SCT, con funcionarios que a cambio de diversos apoyos le dieron facilidades, a él y a su socio, para operar, durante un tiempo, el tren conocido como ‘La Bestia’, oficialmente denominado Chiapas-Mayab

 

Paulo Díez Gargari, el abogado que solicitó la protección de la ONU y del Senado de México como forma de distraer a la opinión pública sobre las investigaciones que realiza en su contra la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de espionaje, no es solamente el asesor legal, sino uno de los socios y el hombre de toda la confianza de Pedro Topete Vargas, el empresario al que se persigue en México y en Estados Unidos por lavado de dinero.

Experto en temas jurídicos mercantiles, ex funcionario del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Díez Gargari es un personaje clave en el crecimiento económico del llamado Grupo Infraiber, al que llegó para ofrecer sus servicios de asesoría jurídica en 2005 y en el que en un periodo de apenas tres años pasó de ser consultor a corresponsable en la intervención directa y toma de decisiones de esas empresas.

Las empresas del grupo que comanda Topete Vargas están siendo investigadas por las autoridades debido a que, en su mayoría, funcionan como fachadas para mover sumas millonarias de recursos en instituciones bancarias de México y del extranjero, y están involucradas en otros ilícitos no menos graves, como espionaje, extorsión y defraudación a empresas y a socios, así como evasión fiscal.

Díez Gargari es dueño del despacho DGT Díez Gargari SC (antes Díez, Groenewold y Toledo SC), y a pesar de haber adquirido acciones en las empresas del grupo, se ostenta como un simple “asesor jurídico” de Infraiber, posición que utiliza para “defender a su cliente” cuando, en realidad, lo que hace es defender sus propios intereses.

Documentación hecha llegar a IMPACTO, La Revista, confirma el papel preponderante que, ya como socio de Topete, ha jugado Paulo Díez en la operación no sólo de la gestión de contratos y negocios al amparo del poder público, sino del blindaje jurídico, así como en la cobertura y defensa mediática y política de las empresas del Grupo Infraiber.

De acuerdo a las pruebas, Paulo Jenaro Díez Gargari es accionista de las empresas Consorcio de Desarrollo Intercontinental S. A. de C. V., y Corporación Desarrolladora de Operaciones de Infraestructura S. A. de C. V., las cuales son propietarias, a su vez, de Viabilis Infraestructura  S. A., la compañía que vendió, con un poder notarial falso, al Grupo Ingenieros Civiles Asociados la autopista Río de los Remedios-Ecatepec.

Con ese doble carácter de representante legal y parte interesada hizo gestiones ante la SCT, con funcionarios que a cambio de diversos apoyos le dieron facilidades, a él y a su socio, para operar, durante un tiempo, el tren conocido como “La Bestia”, oficialmente denominado Chiapas-Mayab, además de que se presentaba ante funcionarios del gobierno del Estado de México para hacer gestiones concernientes a la autopista Río de los Remedios-Ecatepec y para el contrato de auditoría que obtuvieron a través de la empresa Infraiber.

Entre cientos de correos electrónicos hechos llegar a este medio de forma anónima se encuentra, por ejemplo, uno de fecha febrero 19 de 2010, en el que Paulo Díez enviaba una información de las negociaciones que se hacían, entonces, con ICA, con Luis Carlos Romandía, ejecutivo de esa empresa.

“Estimado Carlos: Te envío nueva versión del documento. No copio a toda la mapachada, pues quiero que me digas antes si estás de acuerdo, para circularlo”.

Con esa “mapachada”, Díez operó, al menos, un “carrusel financiero” que movió 5 millones de dólares a través de una serie de empresas fantasmas y que  quedó documentado en mails publicados en esta revista (edición 3447, del 20 de marzo de 2016).

También se encargó de decidir sobre temas de construcción de la autopista en donde están asociados con Grupo ICA, como se exhibe en una serie de correos. Antonio Sordo Macías (Antonio.sordo@ica.com.mx) envió a los socios y consejeros de esa obra un mail, el 11 de diciembre de 2009, en el que les adjuntaba el contrato de construcción del tramo 3 y el presupuesto de ejecución por el orden de 1,585 millones de pesos.

“Aclaro que el monto (…) contiene 6 precios unitarios extraordinarios que ya tienen el dictamen de procedencia (sin ninguna restricción) por parte de la (empresa) supervisora”.

Paulo Díez respondió el mail diciéndole al ejecutivo de ICA: “De conformidad con lo que se establece en el Contrato Marco y en el Contrato Específico para la etapa anterior, los precios extraordinarios deben ser aprobados por el Sistema (SAASCAEM, Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México), no por la supervisora. Por lo tanto, no deben ser incluidos en el contrato”.

El abogado y socio de Topete era el lobista ante el SAASCAEM, que dirigía Manuel Ortiz García, quien fue el funcionario que les asignó el contrato por 4 mil millones de pesos para auditar el paso de vehículos en la autopista. Ex trabajadores de la autopista aseguran que el hijo de ese funcionario, Jorge Iván Ortiz Blancarte, fue contratado por Díez como coordinador de Proyectos en Viabilis Holdings.

En otros correos con Topete, Paulo Díez se refiere despectivamente a los ejecutivos de ICA, a quienes, incluso, acusa de querer robarles el proyecto de la autopista pretextando un crédito puente con Santander. Escribió un mail el 14 de noviembre de 2009 diciendo: “Sólo les queda decir que no es Santander, sino ellos, que quieren robarse el 50 por ciento del proyecto. A ver cuánto tardan estos ojetes. Creo que el primero en contestar una pendejada será Zinedine, que ya debe estar medio pedo en Miami”.

En otros mails entre ambos socios queda claro que los dos le llaman “Zinedine” a Alonso Quintana, el CEO de ICA.

DE ABOGADO A SOCIO Y CÓMPLICE

El primer acercamiento de Paulo Díez con el Grupo Infraiber ocurrió, formalmente, el 29 de abril de 2005, cuando, a través de su despacho, presentó una cotización de servicios de consultoría legal en torno al contrato que tenían Pedro Topete y los socios originales de Viabilis Infraestructura S. A. de C. V., para construir y operar la autopista que años después vendieron ilegalmente al Grupo ICA.

En aquel entonces, después de haber salido del IPAB con una modesta cartera de clientes ligados al rescate carretero, estaba aliado con el abogado Manuel Groenewold y otro abogado de apellido Toledo, quienes eran sus socios y presentaron una cotización mensual conjunta del orden de los 106,200 pesos.

Sin embargo, los conocimientos del sistema financiero y fiscal de Paulo Díez se volvieron de gran ayuda en los planes de Pedro Topete para, entre otras cosas, crear una red de empresas que sirvieran para lo que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) considera una ilegalidad, el “carrusel de empresas”, para evadir el pago de impuestos.

Como se publicó en IMPACTO (edición 3447), Paulo Díez participó en las negociaciones con ejecutivos de Grupo ICA para hacer el “carrusel” con el que, tan sólo en un mes, habrían movido, a través de diferentes empresas, unos 5 millones de dólares que habrían salido de cuentas bancarias de Ingenieros Civiles y Asociados, y que habrían regresado a otras cuentas de esa empresa o de sus ejecutivos.

Para el año 2008, Paulo Díez era, todavía, un asesor jurídico con ingresos normales, como se establece en una serie de correos electrónicos en poder de este medio, como el de fecha 18 de septiembre de ese año, en el que el propio Díez Gargari le solicita apoyo a Topete para el pago de las facturas 61, 65, 78, 79, 91 y 104, por un total de 669 mil 658 pesos, un promedio de 111 mil pesos mensuales.

“Por favor, échame la mano con esto”, le decía el abogado a su entonces cliente.

Otro mail del 9 de diciembre siguiente confirma el nivel de las relaciones del abogado del Grupo Infraiber; es muy escueto: “Pedro: No he recibido la lana. Échame la mano, Saludos. Paulo Díez”.

Sin embargo, a fuerzas de otorgar eficientes servicios que han logrado mantener el negocio con ICA a pesar de la ilegalidad que dio origen a la relación (la venta fraudulenta de la autopista Río de los Remedios-Ecatepec), así como prestarse para falsificar firmas y documentos de las empresas en las que Topete tenía a otros socios, la suerte del abogado michoacano cambió, al grado de que sus cuentas se han engrosado, ostensiblemente, con recursos de las empresas del Grupo Infraiber, de las que ahora es socio.

Tan sólo el 22 de abril de 2010, según correo del administrador general de las empresas de Pedro Topete, el canadiense Omar González Nuncio, se le depositaron 5 millones de pesos a su cuenta, en Santander,  82500144861, con cuenta CLABE 014180825001448613. El concepto fue “a cuenta” de una sola factura.

Para entonces, Díez ya era socio de Pedro Topete, quien, mediante engaños, habría convencido a los accionistas originales de Consorcio de Desarrollo Intercontinental S. A. de C. V., y Corporación Desarrolladora de Operaciones de Infraestructura S. A. de C. V., de venderles acciones de ambas empresas al que venía siendo el abogado de las empresas, con el argumento de que teniéndolo como accionista, sus relaciones en el mundo bancario y financiero les podrían generar mayores beneficios y dividendos.

La operación mediante la cual Paulo Díez dejó de ser abogado para convertirse en socio y cómplice de Pedro Topete Vargas se cerró, mediante contrato notarial, el 11 de marzo de 2010, y el pago que hiciera a los dueños de las acciones por un total de un millón 677 mil pesos.

FIRMÓ VENTA FRAUDULENTA A ICA

Como socio de las empresas Consorcio (…)  y Corporación (…), Díez Gargari es parte del inminente escándalo que se desatará próximamente, cuando los accionistas originales reclamarán los derechos de la compañía que tenía a su cargo la construcción y operación de la autopista Río de los Remedios-Ecatepec, pues ésta fue vendida con un poder notarial falso.

En el contrato de compra-venta firmado entre Consorcio y Corporación con ICA, de fecha 9 de marzo de 2012, además de la firma de Topete, aparece la firma de Díez Gargari como “apoderado general” de la parte vendedora, lo que lo coloca, por partida doble, como parte del engaño a los compradores.

También estaría involucrado en el fraude contra los socios originales, los cuales vieron perder su patrimonio de la noche a la mañana y, además, no recibieron ni un solo peso de la operación en la que ICA habría pagado, inicialmente, 20 millones de dólares en 2007 y mil millones de pesos a la firma del contrato.

La compra fue realizada con un poder notarial sin firmas, pese a lo cual fue validado por la parte compradora y por la vendedora, lo que constituye varios delitos y un engaño a los accionistas de Grupo ICA porque esta empresa ha venido presentando la autopista como uno de sus activos más importantes, cuando la realidad es que la propiedad sobre esa vía se encuentra viciada de origen.

EXPERTO EN MANIPULACIÓN

La historia que Paulo Díez ha contado en los medios de comunicación en el último año, respecto a su socio Pedro Topete Vargas y las empresas del Grupo Infraiber, es diametralmente opuesta a la realidad que ahora investiga la Unidad Especial de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Procuraduría General de la República (PGR).

La PGR determinó abrir el expediente UEIORPIFAM/AP/134/2015 como una acumulación de la averiguación iniciada a principios del año pasado, con el número 090/2015.

En las indagaciones oficiales se investiga a socios, colaboradores, familiares y ejecutivos de instituciones bancarias coludidas con Topete en diversos ilícitos, entre ellos el “carrusel financiero”, así como la utilización de empresas “fachada” para mover cuantiosos recursos en el sistema bancario nacional y en Estados Unidos.

Sin embargo, Topete ha tenido en Paulo Díez el mejor aliado para sembrar una serie de distracciones que le han permitido avanzar en sus planes de defraudación contra empresas y personas físicas, algunas de ellas sus socios o ex socios, quienes al darse a conocer la noticia de que la PGR lo tiene en la mira por lavado de dinero amenazan con proceder también en su contra por fraude.

Díez, con el apoyo de algunos medios de comunicación que tienen como prioridad de su agenda la denuncia de hechos reales o supuestos de corrupción gubernamental, ha logrado posicionar una historia falsa: La de una empresa, Infraiber, y un empresario, Pedro Topete, en lucha desigual contra una supuesta corrupción en las obras públicas de México.

La realidad es distinta, como se ha informado en IMPACTO, La Revista. El Grupo Infraiber ha sido parte de la corrupción que denuncia desde sus orígenes, cuando obtuvo un contrato, en el Estado de México, valuado en 4 mil millones de pesos para auditar el flujo vehicular en las autopistas de esa entidad, a pesar de que se constituyó tres meses antes y con un capital de apenas 50 mil pesos.

Además, lo que no ha dicho Paulo Díez (aparte de mantener en secreto que no sólo es abogado, sino socio de Topete Vargas) es que al obtener el contrato para contar los vehículos que circulan por las autopistas mexiquenses, se convirtieron en juez y parte, algo de lo que acusan a la empresa española OHL: Ellos tienen en concesión y operación una de esas vías.

En el caso del apoyo solicitado a la ONU y al Senado de la República para presentarse como una víctima inocente de la “siembra” de una arma por parte de agentes de la PGR, lo que el abogado omite decir es que ese acto ocurrió en el marco de investigaciones en torno a un delito grave, como es el de la intervención ilegal de llamadas telefónicas.

El socio de Pedro Topete fue detenido el 7 de septiembre de 2015 con base a una orden de presentación y localización para que fuera a declarar a la PGR por la denuncia de espionaje interpuesta por OHL a raíz de la difusión, en Internet, de una serie de llamadas telefónicas grabadas ilegalmente y que han sido utilizadas por Grupo Infraiber para desacreditar a la compañía española.

Sin embargo, la reprobable actitud de algunos elementos de la PGR acusados de sembrarle una pistola en el vehículo le ha servido a Díez para distraer a la opinión pública de las investigaciones que se realizan en su entorno personal y profesional, y para hacerse la víctima, pues ha dicho que su detención obedece a las denuncias que ha presentado en contra de OHL, empresa que ya fue exonerada de los ilícitos de que le venía acusando Grupo Infraiber, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.