Durango, Dgo
Organizaciones civiles y colectivas feministas exigieron al Congreso del Estado de Durango cumplir de manera inmediata con la obligación legal de reformar el Código Penal local y eliminar la criminalización absoluta del aborto, al considerar que dicha figura vulnera derechos humanos fundamentales de mujeres y personas con capacidad de gestar.
El reclamo se sustenta en la resolución emitida el 18 de julio de 2025 por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, que al resolver el Amparo en Revisión 116/2023 declaró inconstitucionales los artículos del Código Penal de Durango que prohíben de forma total la interrupción voluntaria del embarazo. La sentencia ordenó de manera expresa al Poder Legislativo local adecuar la legislación vigente.
El juicio fue promovido por las organizaciones Sí hay mujeres en Durango y GIRE, con el acompañamiento de REDefine Durango y activistas del estado, como parte de una estrategia nacional para armonizar las leyes estatales con los criterios constitucionales en materia de derechos reproductivos.
Incumplimiento legislativo
La actual LXX Legislatura del Congreso de Durango fue notificada formalmente de la resolución judicial el 5 de septiembre de 2025, por lo que el plazo para acatar la orden vencía el 15 de diciembre del mismo año, al concluir el periodo ordinario de sesiones. No obstante, hasta la fecha, la reforma al Código Penal no ha sido aprobada.
Las colectivas recordaron que no se trata de un tema nuevo en la agenda local. En septiembre de 2021, mujeres organizadas en Durango impulsaron la primera iniciativa popular en México sobre la despenalización del aborto, respaldada por más de 7 mil firmas ciudadanas. A pesar de ello, la propuesta fue rechazada en 2022, lo que evidenció —señalan— una falta de voluntad política para atender una demanda social sostenida.
Estado laico y derechos humanos
Las organizaciones subrayaron que el Congreso tiene la responsabilidad constitucional de legislar bajo el principio de laicidad, establecido en el artículo 40 de la Constitución federal y reafirmado en el artículo 60 de la Constitución local. Indicaron que las decisiones legislativas deben basarse en criterios jurídicos, científicos y de derechos humanos, no en convicciones morales o religiosas personales.
En este contexto, recordaron que la Organización Mundial de la Salud reconoce el aborto como un servicio esencial de salud y recomienda su despenalización, al advertir que las restricciones legales incrementan los riesgos de abortos inseguros. Como referencia, citaron el caso de la Ciudad de México, donde la interrupción legal del embarazo ha permitido registrar cero muertes maternas por aborto inseguro en servicios públicos.
Realidad local en Durango
En el estado, colectivas han documentado que la falta de acceso institucional obliga a muchas personas a recurrir a abortos autogestivos. De acuerdo con datos de Acompañantes Laguna, entre 2022 y 2025 se realizaron 470 acompañamientos en los municipios de Lerdo y Gómez Palacio, reflejo de una necesidad que no ha sido atendida por el sistema de salud.
Finalmente, las organizaciones hicieron un llamado público a las diputadas y diputados de Durango para que apliquen los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cumplan con la resolución del Tribunal Colegiado y garanticen la interrupción del embarazo como un servicio de salud seguro, legal y accesible para mujeres y personas con capacidad de gestar en la entidad.
