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Tres policías pagarán condena por tortura con trabajo público en El Salvador

San Salvador, 16 jul (EFE).- Una corte de El Salvador condenó a tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) a penas de entre dos y tres años de cárcel por torturar a un joven y la sustituyó por trabajo público, informó este martes el Órgano Judicial.

Se trata de los agentes Hugo Adalberto Morán, Iván Alexander Morán y Stefany Castro, quienes confesaron el delito de tortura en un proceso “abreviado” para recibir las penas leves.

La fuente señaló que el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador también les ordenó pagar 4.000 dólares a la víctima, que no fue identificada, por “responsabilidad civil”.

Explicó que los policías condenados patrullaban las calles de la localidad central de Apopa tras un ataque armado en el que fue herido uno de sus compañeros y llegaron a la vivienda de la víctima el 13 de mayo de 2018.

El órgano de Judicial apuntó que los agentes preguntaron al joven sobre los sujetos que habían atacado a su colega y que la víctima “les respondía que no sabía nada”, por lo que “lo golpearon”.

“Los reportes médicos señalaron que las lesiones del afectado sanarían en 30 días, las cuales habían puesto en riesgo su vida”, acotó la fuente judicial.

Esta es la segunda condena contra miembros de los cuerpos de seguridad relacionada con tortura en lo que va del mes de julio.

El pasado 12 de julio, una corte condenó a cinco policías y cuatro soldados a seis años de prisión por torturar, amenazar y privar de la libertad a una joven.

Según las investigaciones de la Fiscalía, los condenados interceptaron a la víctima, la subieron al vehículo en el que se conducían y la llevaron a un solitario lugar donde la “interrogaron y le exigieron que aceptara ser miembro de pandilla” bajo amenazas de muerte.

Diversos informes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) señalan que la PNC encabeza las denuncias por violaciones a derechos humanos.

Un informe de la titular de la PDDH, Raquel Caballero, de noviembre de 2018 establece que la mayoría de las denuncias están relacionadas con los derechos a la integridad, seguridad personal, trabajo y debido proceso.

Los cuerpos de seguridad del país centroamericano también son vinculados con casos de desaparición, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias de jóvenes y la creación de cárceles clandestinas. EFE

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