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Una exesposa del expresidente salvadoreño Funes busca beneficio judicial

San Salvador, 8 ene (EFE).- El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, dijo este miércoles que Regina Cañas, exesposa del expresidente Mauricio Funes (2009-2014), busca pactar con el Ministerio Público una confesión por delitos de corrupción a cambio de una pena leve.

Melara señaló en una rueda de prensa que los abogados de Cañas, quien se encuentra prófuga y con paradero desconocido, solicitaron a la Fiscalía el beneficio de “juicio abreviado”.

La legislación salvadoreña establece que la Fiscalía puede pactar con los procesados una pena mínima, que no podrá ser apelada en ninguna instancia, a cambio de su confesión y que los jueces deberán respetar el trato.

El expresidente Elías Antonio Saca se acogió a este beneficio en 2018 en un proceso por el desvío de más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal y recibió una pena de 10 años, con lo que se libró de recibir la pena máxima de entre 25 y 30 años de prisión.

Melara señaló que Cañas debe “comprometerse a devolver el dinero bajo el cual ella ha sido acusada de lavar” para “analizar realmente con seriedad si ella puede ser beneficiaria” del proceso abreviado.

Según la Fiscalía, Cañas simuló recibir un préstamo por 95.000 dólares para entregarlo a su hijo Diego Funes Cañas para tratar de justificar movimientos de dinero que le fueron cuestionados en un proceso civil.

Mauricio Funes y Diego fueron condenados el 28 de noviembre de 2017 por la colegiada Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro a “restituir al Estado” más de 419.000 dólares, cuyo origen lícito no pudieron demostrar.

El ex jefe de Estado, asilado en Nicaragua desde septiembre de 2016 y que recibió la nacionalidad de ese país en 2019, es procesado junto a más de 30 personas, incluido su hijo y exesposa, por el supuesto desvío y lavado de más de 351 millones de dólares.

Funes, quien gobernó bajo la bandera del “cambio” del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) ante la corrupción de Administraciones anteriores, es el tercer presidente de la democracia salvadoreña en ser acusado de apoderarse de dinero público. EFE

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