Una subcomisión de la Eurocámara lamenta decisión de Guatemala sobre la CICIG

Prensa Latina

Bruselas, 7 sep (EFE).- El presidente de la subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara, Pier Antonio Panzeri, lamentó hoy la decisión del Gobierno de Guatemala de no renovar las visas de varios miembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y alertó de una posible crisis de derechos humanos.

“Estoy profundamente decepcionado por esta decisión, que también impide que el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, entre en el país y es un golpe al proceso de fortalecimiento del sistema judicial de Guatemala y el Estado de derecho”, indicó Panzeri en un comunicado.

Añadió que, además, hay “graves preocupaciones” sobre las intimidaciones de la Policía “contra los defensores de los derechos humanos y las voces disidentes”.

Según el europarlamentario, esta “preocupante tendencia podría desencadenar una grave crisis de derechos humanos en Guatemala en un momento de graves dificultades en toda la región”.

Panzeni recordó que en la última década esa comisión ogró importantes avances en la lucha contra la impunidad y la corrupción e instó al Gobierno guatemalteco a “asegurarse de que estos logros no se desvanezcan mientras se transfieren los poderes de la CICIG a las instituciones nacionales”.

Rindió homenaje al trabajo de dicha comisión, al compromiso de sus miembros y “al liderazgo y probidad” de Iván Velásquez.

A su juicio, la CICIG “permanecerá en la comunidad internacional como un ejemplo de lo que se podría lograr a través de la cooperación internacional en materia de derechos humanos y asuntos judiciales”.

El titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad guatemalteca, Juan Francisco Sandoval, denunció el jueves que el Gobierno no ha autorizado las visas de varios miembros de la CICIG.

La confrontación entre el Ejecutivo de Guatemala y la CICIG se remonta a cuando la comisión señaló al hijo y al hermano del presidente del país, Jimmy Morales (José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera), en un asunto de fraude -y lavado de dinero, en el caso del hermano- al Estado en 2013.

Desde entonces, el mandatario ha intentado minar el trabajo y la estancia de la CICIG, la cual, junto al Ministerio Público, han señalado en dos ocasiones a Morales de haber incurrido en el delito de financiación electoral ilícita durante la campaña de 2015 que lo llevó al poder. EFE