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Víctimas de explosiones en Bolivia denuncian que llevan un año sin asistencia

La Paz, 8 feb (EFE).- Una marcha de protesta en Oruro denunció este viernes que víctimas de las explosiones de hace un año durante el carnaval de esta ciudad boliviana, con doce fallecidos y más de medio centenar de heridos, aún esperan asistencia sanitaria y ayudas económicas.

Heridos en las explosiones y familiares de las víctimas, entre otros, participaron en la marcha tras una pancarta con un lazo negro y fotografías de varios de los fallecidos, entre ellos niños.

“Atentado del 10 de febrero del Carnaval de Oruro de 2018. Víctimas de la explosión. Presente. Justicia”, se leía en el texto.

María del Rosario Sandalio, portavoz de la asociación de víctimas de las explosiones, denunció ante los medios que los afectados carecen de asistencia sanitaria y ayuda económica por parte de las instituciones, hasta el punto de que dependen de donaciones como las enviadas por orureños residentes en Canadá.

Sandalio aseguró que los damnificados se sienten “muy compungidos” por esta situación, tanto los “52 heridos” como las familias de los doce fallecidos.

Algunos perdieron el oído y la vista, pero la asistencia anunciada en su momento por el Gobierno boliviano no llega, mientras hay heridos que aún necesitan operaciones para sacarles esquirlas o con dolores que les impiden una vida normal, en un estado “dramático”, advirtió la portavoz.

“Han quedado fuera del mercado laboral, han quedado en el abandono”, lamentó.

La marcha fue convocada para pedir que se cumpla con la asistencia sanitaria prometida, unos 434.000 dólares que no llegaron a muchos afectados, que se haga justicia y que se aclare qué ocurrió realmente aquellos días “fatídicos”, relató.

La vocera apeló a la responsabilidad del Estado para asumir los costos sanitarios, ya que algunos “no tienen ni qué comer” y dependen de ayudas benéficas, algo que “conmueve, indigna”.

Al respecto, manifestó el sentimiento de “indefensión” de los afectados ante lo que calificó como “hechos macabros”, e incluso “un acto terrorista que no está siendo tomado como lo que es”.

“No es un hecho aislado de un crimen perpetrado por una persona”, sentenció, y se preguntó cómo un año después “aún no saben decirnos qué tipo de explosivo” fue utilizado.

La Fiscalía de Oruro decidió recientemente el sobreseimiento por falta de pruebas del proceso contra el principal investigado por la primera explosión, en la que fallecieron su esposa e hijo, pero señaló que la investigación continúa abierta.

Una de las damnificadas, Cinthia Suárez, declaró a los medios que aún tiene heridas “en todo el cuerpo”, incluida la cara, y sigue sin poder caminar.

“No puedo hacer nada”, denunció, tras haber pasado tres meses en la cama, con un hijo también afectado.

“No nos han repuesto un centavo”, criticó sobre gastos médicos que esperaban que asumiera el Ministerio de Salud, y reprochó que le nieguen además el reconocimiento de una discapacidad.

Las explosiones ocurrieron los días 10, con ocho muertos y 47 heridos, y 13 de febrero del año pasado, con cuatro fallecidos y unos diez heridos, en una misma zona cercana al desfile de carnaval, que en esta ciudad del altiplano está declarado Patrimonio de la Humanidad y es uno de los más multitudinarios de Suramérica. EFE

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