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Viudas y campesinos atribuyen la amnistía al pacto de corruptos de Guatemala

Guatemala, 29 ene (EFE).- La reforma a la Ley de Reconciliación Nacional para conseguir la amnistía en los casos del conflicto armado interno es una nueva obra del “pacto de corruptos e impunidad”, aseguraron este martes organizaciones campesinas y de viudas guatemaltecas en una comparecencia de prensa en el Congreso.

Decenas de activistas e indígenas integrantes de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala y del Comité de Unidad Campesina ingresaron al salón de los Pasos Perdidos del ente Legislativo para denunciar al supuesto “pacto de corruptos” que intenta “retroceder” en los avances en materia de justicia y derechos humanos.

Tanto la directora de la organización de viudas, Rosalina Tuyuc, como el coordinador del comité campesino, Daniel Pascual, coincidieron en que el llamado “pacto de corruptos” intenta “dejar en la impunidad actos del presente y del pasado”.

Pascual recordó que el Congreso ya “violentó” sus propias normas internas al haber retomado un dictamen favorable de la iniciativa de ley de amnistía (número 5377), que realizó la Comisión de Puntos Constitucionales, cuando antes la Comisión de Derechos Humanos había calificado como “desfavorable” la misma reforma a la Ley de Reconciliación Nacional.

Rodeado de víctimas de la guerra, Pascual mencionó que habían llegado al Congreso para “demostrar” que no permitirán “ninguna ley de amnistía porque creemos que la justicia debe respetarse”.

Agregó que los responsables de “secuestros, asesinatos, torturas y genocidio” tienen que “pagar” sus penas en la cárcel, “como una garantía de que no se repita algo similar y que las nuevas generaciones vuelvan a sufrir esta situación inhumana que ya ha sido condenada”.

Tuyuc, por su parte, recordó que Guatemala ha sido signataria de convenciones internacionales contra el genocidio y la desaparición forzada y afirmó que el país ha “demostrado” ser “un gran ejemplo para el mundo” por haber juzgado en sus propias cortes los delitos de lesa humanidad ocurridos entre 1960 y 1996.

El país, continuó la activista indígena, “debe respetar esta responsabilidad internacional que ha tomado ante el concierto de naciones”.

Desde 1999, el Ministerio Público (Fiscalía) ha presentado 16 casos de violaciones a derechos humanos en los tribunales, incluido el genocidio, desaparición forzada y violaciones sexuales, de los cuales 13 han llegado a condenas y han sido procesados 42 militares y un guerrillero.

La iniciativa 5377 de enmienda a la Ley de Reconciliación Nacional podría aplicarse con carácter retroactivo, lo que permitiría que decenas de personas condenadas y encarceladas por graves violaciones de derechos humanos -entre ellas desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, violencia sexual y tortura- fueran puestas en libertad en 24 horas.

La Ley de Reconciliación Nacional de Guatemala entró en vigor tras la firma de los Acuerdos de Paz de 1996, que ponían fin a un conflicto iniciado en 1960.

El conflicto armado que desangró Guatemala entre 1960 y 1996 dejó unas 250.000 víctimas entre muertos y desaparecidos, además de más de un millón de desplazados internos, con el 93 por ciento de los crímenes atribuidos al Ejército y grupos paramilitares, el 3 por ciento a la guerrilla y el restante indefinido. EFE

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