Algo que no se había visto en el país y que se vive actualmente, es el choque de poderes, entre el Ejecutivo y el Judicial, con la situación que se presenta con la Presidenta de la República, que se niega a acatar un mandato judicial, señalo el diputado local Martín Vivanco.
“Lo que estamos viendo es algo que nunca había pasado, son dos poderes que están en choque frontal”, aseveró, al indicar que se trata de una Presidenta que abiertamente, públicamente, dice que no acatará un mandamiento judicial, aunque se trata de un delito y no tiene facultad para juzgar si es o no constitucional.
Ante esta situación, consideró que incluso se puede presentar una crisis constitucional, al cuestionar lo que sucedería “si fuera una autoridad menor, por así decirlo, lo que pasaría es que el Poder Judicial tiene la facultad de usar la fuerza pública para hacer efectivo su mandamiento y puede pedir a la Fiscalía General que proceda en contra de la autoridad que no acata el mandamiento”.
Agregó que en este caso de la Presidenta de la República no pasará, para recordar que en 2006 sucedió algo similar, cuando se planteó el desafuero al entonces gobernador de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, que fue precisamente por no acatar una suspensión.
“No me gustaría que esto derivara que después el Poder Ejecutivo, en conjunto con el Legislativo que son uno mismo, quieran enjuiciar políticamente a las y los ministros que se atreven a revisar una reforma constitucional”, agregó, al aclarar que no sería por cuestiones de fondo, sino de procedimiento, como es el caso.
El diputado por Movimiento Ciudadano recordó que los amparos y suspensión que derivan de la reforma, es porque se ataca que no se aprobó conforme a los procedimientos y es algo que se puede verificar, que no se cumplió con lo que establecen la Constitución y la ley que indican que tiene que haber deliberación y tiempo para analizar las cosas, en lo cual considero que la Corte no se extralimita.
