El sector ganadero de la entidad ha emitido un enérgico llamado de auxilio ante la probable introducción y venta de productos cárnicos adulterados con fármacos prohibidos. Esta situación ha puesto en jaque la seguridad alimentaria de los duranguenses, exigiendo una fiscalización inmediata en los canales de suministro.
Voceros de la Unión Ganadera Regional de Durango manifestaron su inquietud por el arribo de cargamentos de dudosa procedencia. Se presume que estos insumos podrían contener clembuterol, un agente anabólico cuya utilización en la engorda de animales de consumo humano está estrictamente vetada por las leyes mexicanas debido a su toxicidad.
Mientras que los criadores locales se someten a rigurosas certificaciones y procesan su ganado en instalaciones de alta gama como el Rastro TIF, se ha detectado que mercancía proveniente de otras regiones del país, e incluso del extranjero, está cruzando las fronteras estatales sin los sellos de sanidad correspondientes.
La problemática no es un rumor aislado. El organismo pecuario recordó un siniestro vial ocurrido recientemente en el municipio de Santiago Papasquiaro, donde un vehículo de carga que transportaba grandes cantidades de carne volcó mientras se dirigía a surtir comercios de la zona. Este evento dejó al descubierto la fragilidad de los controles en el transporte de alimentos que llegan a las mesas de la periferia.
Ante este escenario, se ha solicitado formalmente la intervención de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coprised). La demanda es clara: realizar barridos de inspección en:
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Centrales de abasto.
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Mercados populares.
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Expendios y carnicerías de barrio.
El objetivo es retirar cualquier producto que represente una amenaza latente para el consumidor.
Los especialistas advirtieron que la ingesta de tejido animal contaminado no es un tema menor. Se recordó que, a nivel global, el consumo accidental de estas sustancias ha provocado crisis de salud e incluso ha truncado carreras de deportistas profesionales que arrojan resultados positivos en pruebas de dopaje tras alimentarse con productos “sucios”.
Finalmente, el gremio enfatizó que el uso de estas sustancias no es solo una falta administrativa, sino un delito de orden federal que conlleva penas de cárcel. Por ello, instan a las autoridades a no bajar la guardia y aplicar todo el peso de la ley a quienes pongan en riesgo la salud pública por unos pesos de ganancia.
