Durango, Dgo.-
El nombre del gobernador de Durango, Esteban Villegas Villareal volvió a colocarse en el centro del huracán político nacional luego de que el periodista Raymundo Riva Palacio revelara en su columna “Estrictamente Personal”, publicada por El Financiero, que agencias estadounidenses mantienen investigaciones abiertas contra un gobernador y un secretario de estado mexicanos, por el tema de vínculos con el crimen organizado.
De acuerdo con el comunicador, información proveniente de Washington ya habría sido compartida con áreas de seguridad del gobierno mexicano, advirtiendo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tendría listos nuevos expedientes contra figuras políticas de alto nivel.
En el texto, Riva Palacio asegura que existe un expediente relacionado con un gobernador y otro más contra una figura ligada a Morena, señalando además que las agencias estadounidenses mantienen investigaciones abiertas contra los mandatarios estatales Esteban Villegas, de Durango; Pablo Lemus de Jalisco; y Ricardo Gallardo de San Luis Potosí.
También menciona al gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal en una investigación relacionada con el caso del exgobernador sinaloense Rubén Rocha Moya.
Durango atraviesa duros momentos de tensión en distintos sectores, entre reclamos ciudadanos, solicitudes de COPARMEX antes casos de inseguridad, economía y crisis institucional, lo que vuelve más preocupante el señalamiento.
Hasta el momento en Durango, nadie ha mencionada nada al respecto de los señalamientos publicados por el columnista nacional, ni tampoco se ha informado sobre algún procedimiento judicial formal en contra de Villegas.
Sin embargo desde hace meses ha circulado el rumor en Durango sobre la VISA para ingresar a Estados Unidos de América del mandatario, pues anunció una gira por el vecino país del norte y sin explicaciones, canceló su viaje.
El tema ocurre en medio del endurecimiento de las políticas de seguridad y combate al narcotráfico impulsadas desde USA, donde en los últimos meses han aumentado los señalamientos contra funcionarios y estructuras políticas mexicanas presuntamente relacionadas con grupos criminales.
