Ciudad de México. — La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) enfrenta un señalamiento por presuntamente obstaculizar el acceso a recursos destinados a la investigación y búsqueda de Carlos Emilio Galván Valenzuela, joven desaparecido, de acuerdo con un posicionamiento difundido por su representación.
Según el documento, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno de México se habría negado a proporcionar a Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio, los recursos que, de acuerdo con la Ley General de Víctimas, le corresponderían para cubrir gastos relacionados con la investigación y búsqueda de su hijo.
El caso fue asumido por la institución desde octubre de 2025 y, con ello, habría adquirido la responsabilidad de proporcionar a las víctimas ayuda, asistencia y recursos para la reparación integral.
Sin embargo, el documento señala que se han generado obstáculos administrativos para cubrir gastos que las víctimas aseguran haber acreditado, entre ellos transporte, hospedaje y alimentación.
La búsqueda de Carlos Emilio y la investigación están actualmente a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), y han requerido que sus familiares se trasladen en diversas ocasiones para dar seguimiento al caso, obtener información sobre los avances y participar en diligencias de búsqueda.
De acuerdo con el posicionamiento, la propia Fiscalía habría solicitado a la Comisión de Víctimas el pago de los gastos correspondientes a las víctimas. No obstante, la CEAV habría optado por litigar contra la madre del joven desaparecido, en lugar de garantizar los recursos señalados.
Ante esta situación, la representación de la víctima promovió un juicio de amparo indirecto. El documento señala que el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México otorgó a la víctima una suspensión definitiva para que la CEAV realizara las acciones necesarias a fin de garantizar el pago de los recursos de ayuda y asistencia.
Posteriormente, la Comisión presentó un recurso de revisión contra dicha determinación judicial, situación que, según el posicionamiento, representa una nueva carga para la familia y podría constituir un acto de revictimización institucional.
El documento difundido por la representación de las víctimas acusa que la actuación de la CEAV genera “violencia institucional y victimización secundaria” contra una madre que continúa buscando a su hijo.
