Durango, Dgo.
La diputada Dany Soto, del Grupo Parlamentario del PRI, ha presentado una trascendental iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Durango, buscando incorporar de manera explícita la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como la perspectiva de género en la asignación del presupuesto público. Esta propuesta tiene como objetivo fundamental transformar el principio de igualdad de una aspiración a una realidad tangible en la vida de todas las mujeres duranguenses.
La Igualdad: De lo Declarativo a los Hechos
En sus motivaciones, la diputada Soto enfatizó que esta reforma es un paso decisivo hacia un Durango más igualitario, justo y libre de violencias. Subrayó que no basta con una igualdad formal; se requieren acciones concretas, institucionalizadas y con presupuesto asignado para que los derechos de las mujeres sean una realidad en todos los ámbitos, tanto públicos como privados.
La iniciativa reconoce el papel crucial de las mujeres en la construcción de la nación y sus instituciones democráticas. A pesar de los avances normativos y la creciente representación política, la desigualdad de género persiste en la vida cotidiana, manifestándose en brechas salariales, exclusión de espacios de poder, precariedad laboral, limitaciones en servicios básicos y una preocupante violencia estructural.
Armonización con el Marco Nacional y Principio de Progresividad
La propuesta de la diputada Dany Soto retoma las reformas impulsadas a nivel federal en octubre de 2024, las cuales obligan a los estados a garantizar el goce efectivo de los derechos de las mujeres, especialmente el derecho a vivir libres de violencia y a una vida digna.
Actualmente, la Constitución de Durango menciona el término “igualdad” en diversas materias, pero no establece explícitamente la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, ni contempla la perspectiva de género como un principio obligatorio en la elaboración y aplicación del presupuesto público. La diputada Soto destacó que el principio de progresividad en materia de derechos humanos obliga a las autoridades a avanzar sin retrocesos, por lo que esta armonización es indispensable para hacer efectiva la paridad y la igualdad sustantiva.
La reforma busca garantizar que en todos los niveles de gobierno –desde la educación y la salud hasta el empleo y la representación política–, las políticas públicas estén orientadas a cerrar las brechas de desigualdad y a promover condiciones equitativas para el desarrollo pleno de las mujeres.
