BUENOS AIRES (Sputnik) — La preeminencia en la política argentina de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quedó en evidencia durante este año en que fue víctima de un magnicidio, fue condenada por la justicia, y anunció que no sería candidata en las elecciones generales de 2023.
Mientras la justicia investiga el intento de homicidio del que fue víctima el 1 de septiembre, la exmandataria (2007-2015) anunció que no se presentaría en los comicios del año que viene, tras conocer la condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos que recibió por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Este sentencia histórica, que por primera vez condenó a una vicepresidenta en el ejercicio de su mandato, es una cuestión que no puede aislarse del contexto regional, sostuvo durante una entrevista con la Agencia Sputnik la directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, Dolores Gandulfo.
En ese país, el expresidente Rafael Correa (2007-2017) se vio imposibilitado de volver a presentarse a las elecciones tras ser condenado a ocho años de cárcel por presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral del entonces oficialista Movimiento Alianza PAIS.
“En Brasil lo vimos no ya como una foto, sino la película: un proceso de connivencia entre el sistema político y el judicial para imposibilitar la presentación de Luis Inácio Lula da Silva [2003-2010] en las urnas y que llevó a una retracción de derechos humanos durante la gestión de Jair Bolsonaro”, relató Gandulfo, integrante de la Red de Politólogas.
Corrupción por doquier
La cuestión de la corrupción y la transparencia, que entró en la agenda en todos los países de la región, se enervó en Argentina con los grandes niveles de polarización que presenta el país.
El veredicto de un tribunal federal en el juicio que investigó el direccionamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz (sur) durante la gestión de la vicepresidenta y la de su predecesor, Néstor Kirchner (2003-2007), fue contradictorio, a juicio de esta analista.
Los jueces dictaron una condena sin atender el delito de asociación ilícita que reclamaba la fiscalía, por falta de pruebas. Otorgaron la mitad de los años que reclamaba la acusación respecto al delito de administración fraudulenta, “pero desde el punto de vista político, se le da una condena muy alta, como es la inhabilitación, que además va en contra del sistema democrático, desde el momento en que atenta contra la voluntad popular, que debe decidir quién la representa”, observó.
Fuera de la carrera electoral
Con la certeza del tinte político en esta condena, la vicepresidenta anunció que no competirá por ningún puesto en las elecciones presidenciales que se disputarán en 2023, aunque esta decisión no le resta autoridad al momento de decidir quiénes serán los próximos líderes de la coalición gobernante, Frente de Todos.
- Publicidad -
