- La 4T está desmantelando la mafia del PRIAN en la institución electoral
Durango, Dgo.– El coordinador de regidores de Morena en Durango, Iván Gurrola Vega, pidió que se investiguen a fondo los presuntos actos de corrupción relacionados con contrataciones en organismos electorales, luego de los señalamientos presentados por el Gobierno de México durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El morenista sostuvo que es necesario revisar posibles vínculos entre exfuncionarios electorales y empresarios señalados por presuntas irregularidades, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades legales.
Durante la conferencia, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó información sobre una presunta red empresarial relacionada con los hermanos Hernández Casillas, que habría obtenido contratos millonarios con instituciones electorales mediante procedimientos posiblemente irregulares y con la participación de funcionarios.
A partir de estos señalamientos, Gurrola consideró que también deben revisarse los posibles vínculos de Guadalupe Taddei y Lorenzo Córdova con los hechos mencionados, para que las autoridades competentes determinen si existió alguna responsabilidad.
“Ahora nos damos cuenta de por qué no querían que se tocara al INE: por una simple razón, para mantener los negocios que ahí tenían. Celebramos que hoy se desmantelen estas redes de corrupción que sirvieron durante años al sistema”, expresó.
Asimismo, el representante de Morena hizo referencia a las declaraciones recientes del expresidente Vicente Fox, quien habría reconocido su intervención para impedir que Andrés Manuel López Obrador llegara a la Presidencia en 2006. Gurrola consideró que este episodio también debe formar parte de la discusión sobre el funcionamiento y la autonomía de las instituciones electorales.
Finalmente, afirmó que las instituciones públicas deben conducirse con transparencia, responsabilidad y apego a la legalidad, para recuperar y fortalecer la confianza de la ciudadanía.
Los señalamientos sobre presuntas irregularidades y posibles vínculos deberán ser esclarecidos por las autoridades correspondientes; no representan por sí mismos una determinación de responsabilidad.
