Durango, Dgo.— El combate al lavado de dinero en México dejó miles de cuentas bancarias bloqueadas y más de 4 mil 952 millones de pesos inmovilizados durante el periodo comprendido entre septiembre de 2025 y junio de 2026, de acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno federal.
Las acciones de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita permitieron elaborar 29 mil 679 reportes de inteligencia y presentar 173 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Además, se concretaron 147 acuerdos administrativos que derivaron en la inclusión de mil 508 personas físicas y morales en la Lista de Personas Bloqueadas. Como consecuencia, las instituciones financieras procedieron al bloqueo de 15 mil 968 cuentas, cuyo monto estimado ascendió a 4 mil 952.3 millones de pesos.
El tema adquiere relevancia para Durango debido al tamaño y diversidad de su actividad económica. De acuerdo con los Censos Económicos 2024, en la entidad existen alrededor de 95 mil establecimientos, donde trabajan unas 504 mil personas.
La economía duranguense tiene una importante participación de actividades como la manufactura, construcción, minería, comercio y transporte. En 2024, las actividades secundarias representaron 38.7 por ciento del PIB estatal, mientras que las terciarias aportaron 47.5 por ciento. La minería representó 7 por ciento y las industrias manufactureras 18.3 por ciento.
En particular, los datos de los Censos Económicos muestran que el municipio de Durango concentra 43.9 por ciento de las unidades económicas de la entidad y 44 por ciento del personal ocupado, convirtiéndose en el principal núcleo de actividad económica del estado.
Esto vuelve relevante la vigilancia financiera y empresarial, aunque el informe federal consultado no desglosa los 29 mil 679 reportes, las 173 denuncias o las cuentas bloqueadas específicamente para Durango, por lo que no es posible atribuir esas cifras directamente al estado.
El Gobierno federal informó también que durante el periodo se fortaleció la coordinación entre autoridades nacionales e internacionales para detectar esquemas relacionados con recursos de procedencia ilícita.
En el marco de la evaluación de México ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI), participaron más de 20 autoridades nacionales y se realizaron ejercicios de preparación con más de 180 servidores públicos y más de 50 representantes del sector privado.
Además, México reforzó el intercambio de información financiera con Estados Unidos y otras jurisdicciones para identificar estructuras vinculadas con la delincuencia organizada transnacional.
A nivel nacional también fueron firmados seis convenios de colaboración para intercambio de información, incluidos tres con fiscalías estatales.
Para Durango, donde la actividad económica combina sectores industriales, mineros, comerciales y de servicios, el fortalecimiento de estos mecanismos representa un mayor escrutinio sobre el origen y movimiento de recursos, particularmente en operaciones que puedan presentar señales de riesgo financiero.
