Durango, Dgo.-
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Sala Regional Guadalajara implementar medidas que garanticen una justicia más incluyente para personas neurodivergentes dentro de procedimientos laborales sancionadores, una decisión que especialistas consideran relevante para fortalecer los derechos humanos y la inclusión en instituciones públicas de estados como Durango.
La resolución derivó del caso de un integrante del Servicio Profesional Electoral Nacional diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), quien impugnó una sentencia al considerar que el procedimiento en su contra no tomó en cuenta su condición neurodivergente ni las barreras de comunicación y comprensión que enfrentaba.
Por unanimidad, las magistraturas de la Sala Superior determinaron que tanto el INE como la Sala Regional Guadalajara omitieron valorar adecuadamente las necesidades específicas del trabajador, por lo que ordenaron realizar una nueva revisión con apoyo de especialistas y establecer ajustes razonables para garantizar igualdad de condiciones y acceso efectivo a la justicia.
Además, el TEPJF instruyó al INE emitir lineamientos específicos que incluyan protocolos de detección, flexibilidad en plazos y formatos de lectura fácil para futuros casos relacionados con personas neurodivergentes.
En Durango, organizaciones civiles y especialistas en inclusión señalaron que esta resolución representa un precedente importante debido a que muchas personas con condiciones como autismo, déficit de atención o trastornos del procesamiento sensorial todavía enfrentan barreras en ámbitos laborales, educativos y gubernamentales.
De acuerdo con datos de asociaciones civiles y especialistas en salud mental en Durango, durante los últimos años ha aumentado la detección de casos relacionados con neurodivergencias, especialmente en niñas, niños y jóvenes, aunque todavía existe desconocimiento social y poca capacitación institucional sobre cómo atender adecuadamente estas condiciones.
Especialistas en psicología y educación especial han advertido que muchas personas neurodivergentes enfrentan dificultades para acceder a procesos administrativos o jurídicos debido a formatos rígidos, exceso de tecnicismos y falta de mecanismos accesibles de comunicación.
La resolución del TEPJF también ha sido vista como un llamado para que dependencias públicas, centros educativos y empresas implementen políticas más incluyentes y adaptadas a las necesidades individuales de cada persona.
En Durango, colectivos ciudadanos consideran que aún existen retos importantes en materia de inclusión laboral y accesibilidad institucional, especialmente fuera de las principales ciudades del estado.
El caso quedó registrado bajo el expediente SUP-REC-103/2026 y marca un precedente nacional sobre el derecho de las personas neurodivergentes a recibir un trato digno, accesible y libre de discriminación dentro de procesos administrativos y laborales.
