Ciudad de México, 4 de noviembre de 2026. La senadora duranguense Gina Campuzano González advirtió que la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, conocida como “Ley Antimemes”, podría representar un riesgo para la libertad de expresión y facilitar el retiro de publicaciones críticas contra funcionarios, investigaciones periodísticas, denuncias y contenidos difundidos en redes sociales.
Durante su intervención en el Senado de la República, al presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN), la legisladora sostuvo que la iniciativa, impulsada por Morena, bajo el argumento de proteger los derechos de autor, podría generar condiciones para que proveedores de servicios de Internet retiren contenidos ante el temor de enfrentar sanciones económicas.
“Proteger al creador no es lo mismo que blindar al funcionario”, expresó Campuzano González, quien aclaró que su bancada no busca defender la piratería, sino advertir sobre posibles restricciones a la libertad de expresión.
La senadora señaló que el dictamen establece nuevas responsabilidades para las empresas proveedoras de Internet, contempla multas de casi cinco millones de pesos en determinados supuestos y plantea políticas para terminar el servicio a usuarios considerados infractores reincidentes.
Explicó que, ante el riesgo de sanciones millonarias, las plataformas o empresas podrían optar por retirar publicaciones cuestionadas, incluso cuando se trate de videos de denuncia, investigaciones periodísticas o caricaturas relacionadas con servidores públicos.
Como ejemplo, planteó que una persona que publique un video para denunciar presuntos actos de corrupción podría enfrentar el retiro de su contenido si alguien reclama derechos de autor sobre el material y el proveedor decide evitar posibles sanciones.
Campuzano también citó las advertencias de la organización Artículo 19 sobre los riesgos de establecer responsabilidades y sanciones sin garantías suficientes. En su intervención, comparó el escenario con procesos que, afirmó, han ocurrido en Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde considera que las libertades se han debilitado.
La legisladora aprovechó su posicionamiento para referirse a los señalamientos sobre presuntas irregularidades en contratos relacionados con la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE). Mencionó investigaciones sobre contratos por más de 70 millones de dólares en organismos electorales de 17 estados y sostuvo que estos asuntos deben ser esclarecidos.
Afirmó que las denuncias de posibles actos de corrupción deben investigarse y no desaparecer mediante el retiro de videos o publicaciones en plataformas digitales.
Finalmente, Gina Campuzano exigió que la reforma incluya garantías para proteger las publicaciones legítimas y evitar que los usuarios pierdan injustamente el acceso a Internet. Sostuvo que la ciudadanía debe conservar el derecho a denunciar, investigar, cuestionar a las autoridades y exigirles rendición de cuentas.
La postura de la senadora se suma al debate legislativo sobre los alcances de la reforma en materia de derechos de autor y las posibles consecuencias para la libertad de expresión en México.
