Ciudad de México.– Una presunta red empresarial vinculada con la contratación de materiales y servicios electorales durante casi tres décadas quedó bajo cuestionamiento luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentara los resultados de una investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que identifica a los hermanos Hernández Casillas como proveedores de organismos electorales desde finales de los años ochenta.
Durante su conferencia matutina de este jueves 5 de noviembre, la mandataria señaló que las contrataciones relacionadas con estas empresas se fortalecieron entre 2014 y 2023, durante el periodo en que Lorenzo Córdova encabezó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
De acuerdo con la investigación presentada por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, entre 2015 y 2023 un total de 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) otorgaron contratos por 2 mil 94 millones de pesos a empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas.
A esta cantidad se suman otros 646.3 millones de pesos correspondientes a contratos obtenidos entre 2024 y 2025 con 15 organismos electorales locales, lo que representa un monto acumulado de 2 mil 740.3 millones de pesos durante ambos periodos.
Según la cronología expuesta por Buenrostro, los antecedentes de esta estructura empresarial se remontan a 1983, cuando los hermanos Hernández Casillas trabajaban en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO), dependiente de la Secretaría de Gobernación.
La funcionaria explicó que José Alfredo Hernández Casillas se desempeñaba como secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, entonces director general del organismo, mientras que Raymundo Hernández Casillas trabajaba en el área de Recursos Financieros y Materiales.
En 1988 se constituyó Cartonera Plástica y, posteriormente, en 1992, se creó la empresa Formas Finas Fernando Fernández, ambas señaladas en la investigación por sus vínculos con los hermanos.
Uno de los antecedentes contractuales más relevantes ocurrió en 2005, cuando Cartonera Plástica obtuvo del Instituto Electoral del Estado de México un contrato por 63.7 millones de pesos para suministrar material electoral. Ese año también se registraron denuncias por presuntas irregularidades y sobornos que derivaron en la renuncia de siete consejeros electorales, según la exposición oficial.
La investigación señala que entre 2012 y 2013 las empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas ampliaron sus operaciones mediante contratos con organismos electorales de entidades como Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo.
Posteriormente, con la reforma electoral de 2014, el Consejo General del INE asumió la designación de los consejeros de los organismos electorales locales.
A partir de ese periodo, la red empresarial habría incrementado su participación como proveedora de materiales y servicios electorales, con contratos que sumaron más de 2 mil millones de pesos entre 2015 y 2023.
La secretaria también expuso presuntos vínculos políticos entre algunos de los personajes mencionados en la investigación y el partido SOMOS, donde coincidirían Juan Carlos Padilla Aguilar, Lorenzo Córdova, Marco Antonio Baños y Edmundo Jacobo Molina.
Sheinbaum sostuvo que la investigación no debe limitarse a la actual administración del INE, encabezada por Guadalupe Taddei, sino que deben revisarse los antecedentes de las contrataciones y determinarse si existieron irregularidades durante los distintos periodos.
Como parte de las medidas anunciadas, la presidenta adelantó que la próxima semana se presentará un decreto para fortalecer a Talleres Gráficos de México, con la incorporación de otras dependencias federales, instituciones académicas y la participación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como observadora en su Consejo de Administración.
La intención, explicó, es que el material electoral pueda fabricarse en esta empresa del Estado mexicano, mientras que otros insumos sean adquiridos mediante proveedores nacionales.
Por su parte, Raquel Buenrostro aclaró que el INE es un organismo autónomo y que corresponde a las instancias fiscalizadoras revisar los posibles actos irregulares. En ese sentido, señaló que la Auditoría Superior de la Federación deberá identificar posibles responsabilidades administrativas y, de ser necesario, presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República o la Unidad de Inteligencia Financiera.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, agregó, trabaja en mecanismos para evitar que este tipo de esquemas puedan reproducirse en las contrataciones de la Administración Pública Federal.
Hasta el momento, los señalamientos presentados corresponden a los resultados de una investigación basada en fuentes abiertas y deberán ser revisados por las autoridades competentes para establecer si existieron responsabilidades legales.
