El diputado local Otniel García Navarro presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para tipificar en el Código Penal de Durango el delito de falsa acusación, una figura que buscaría sancionar con pena de prisión a quienes, de manera deliberada, imputen hechos o delitos falsos con el fin de perjudicar a otra persona.
De acuerdo con la propuesta, se castigaría a toda persona que, a sabiendas de la falsedad, acuse ante una autoridad competente a un tercero con la intención de dañarlo, obtener un beneficio indebido o alterar el curso de una investigación.
El legislador argumentó que esta práctica “erosiona la confianza ciudadana en las instituciones de justicia” y genera afectaciones graves a la reputación, libertad e integridad de quienes son señalados sin sustento.
La propuesta plantea sanciones que van desde: 6 meses a 2 años de prisión, 100 a 300 días de multa, además de la obligación de reparar el daño moral, incluyendo la publicación -a costa del responsable- de la resolución absolutoria o del sobreseimiento del caso.
El delito solamente podría perseguirse una vez que exista una resolución firme que determine que el hecho jamás ocurrió, o que la persona acusada no tuvo participación alguna. Es decir, sería necesario un dictamen de no ejercicio de la acción penal, archivo definitivo o sentencia absolutoria.
Aunque la iniciativa ha generado debate público por la posibilidad de que impacte en la labor de los medios, el documento —según lo expuesto por el legislador— está centrado en las acusaciones presentadas formalmente ante autoridades, y no menciona a los medios de comunicación como sujetos específicos del delito. Sin embargo, especialistas advierten que deberá tenerse especial cuidado en la redacción final para evitar interpretaciones que limiten la libertad de prensa.
García Navarro señaló que la iniciativa busca evitar que las denuncias sin sustento se utilicen como herramientas de persecución política, venganza personal o presión social, afectando tanto a ciudadanos como a funcionarios y figuras públicas.
La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis y discusión, donde se revisará su viabilidad jurídica y cualquier impacto en derechos fundamentales como la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
