El tránsito urbano, presente en ciudades de cualquier escala, reúne a conductores, motociclistas, peatones y ciclistas en dinámicas que requieren coordinación constante. Aunque suele percibirse como un sistema estable, basta un siniestro vial para evidenciar la importancia de la atención al conducir, la calidad de la infraestructura y las políticas públicas orientadas a la seguridad. Estos hechos no solo alteran la rutina diaria, sino que también ponen en relieve la vulnerabilidad del sistema de movilidad y la necesidad de fortalecer las condiciones que permitan desplazamientos seguros en entornos urbanos.
En México, esta realidad se ha convertido en un espejo claro de los desafíos pendientes. Las muertes y lesiones derivadas de hechos de tránsito no son cifras aisladas, sino el reflejo de un problema que continúa afectando a miles de personas año tras año. Las consecuencias se sienten en los hospitales, en las comunidades y, sobre todo, en las familias que enfrentan pérdidas abruptas y, muchas veces, evitables.
Las estadísticas permiten dimensionar el tamaño del fenómeno, pues los accidentes viales ya son la quinta causa de muerte en el país, con 39 mil 919 defunciones anuales, de acuerdo con el INEGI. Incluso, esto supera a los homicidios y a varias enfermedades respiratorias, lo que coloca al tema en una posición crítica dentro de la agenda pública. De hecho, más de 17 mil personas fallecen anualmente en siniestros de tránsito, un promedio de 46 muertes cada día.
En este contexto, durante el segundo trimestre del año, entre abril y junio, los motociclistas se consolidaron como el grupo más vulnerable. De las 114 muertes registradas en ese periodo, 51 fueron conductores de motocicleta, lo que representa casi la mitad del total (44.7%). A ellos les siguieron los peatones, con 29 fallecimientos; los pasajeros, con 18; los conductores de automóvil, con 14; y finalmente los ciclistas, con apenas dos casos.
Aunque los ciclistas mantienen el porcentaje más bajo de mortalidad, el panorama para los motociclistas se ha deteriorado con el tiempo. En 2018, dos de cada diez motociclistas accidentados perdían la vida; un año después, la proporción ya alcanzaba cinco de cada diez. Para 2025, su condición de grupo más expuesto quedó plenamente consolidada, impulsada por un crecimiento acelerado del uso de motocicletas y por prácticas de movilidad que siguen siendo motivo de preocupación.
En cuanto a los incidentes viales reportados al C5, durante el segundo trimestre se registraron 18,079, una reducción de 11.5% frente al mismo periodo del año anterior. Si se considera todo el primer semestre, la baja fue del 9.7%. Aun así, el riesgo se concentra en momentos y lugares específicos. Entre abril y junio, el 19% de los hechos fatales ocurrió entre la medianoche y las primeras horas de la mañana de sábados y domingos, un horario donde confluyen fatiga, velocidad y, frecuentemente, consumo de alcohol. Además, el 34% de los accidentes mortales se registró en ejes viales y el 29% en vías de acceso controlado.
La compleja situación vial que atraviesa el país no solo se manifiesta en las zonas urbanas, sino también en la vasta red de carreteras federales, donde miles de automovilistas se desplazan diariamente y enfrentan condiciones desiguales de mantenimiento, seguridad y supervisión. Muchas de las tendencias observadas en ciudades, como el exceso de velocidad, la falta de control en horarios críticos y la vulnerabilidad de ciertos usuarios, se reproducen con mayor intensidad en los caminos interurbanos, donde los riesgos se amplifican por las distancias, la circulación de transporte pesado y la limitada capacidad de respuesta ante emergencias.
Uno de los corredores más problemáticos sigue siendo la autopista México–Puebla, especialmente entre los kilómetros 40 y 70. En este tramo convergen factores que elevan la probabilidad de accidentes y hechos delictivos, esto debido al tráfico constante de camiones de carga, episodios de niebla densa que reducen la visibilidad y reportes frecuentes de asaltos tanto a vehículos particulares como a transportistas.
Una situación similar se observa en la autopista México–Querétaro, una ruta estratégica para el flujo económico del centro del país. A la altura de la zona metropolitana del Valle de México, donde confluyen miles de automovilistas al día, los choques por alcance son uno de los incidentes más comunes debido al exceso de velocidad y a la congestión permanente.
Más allá del centro del país, otros estados enfrentan desafíos aún mayores. Veracruz, Guerrero y Michoacán han sido señalados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) como entidades con tramos carreteros de alto riesgo, tanto por la incidencia de accidentes como por los robos a transportistas y automovilistas particulares.
Ante este panorama, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció que reforzará los operativos carreteros durante el último trimestre del año. Esto incluye un incremento en la presencia de la Guardia Nacional, la instalación de más cámaras de vigilancia y la rehabilitación de al menos 1,200 kilómetros de caminos federales, priorizando aquellos con mayor índice de siniestralidad.
De cualquier forma, los especialistas insisten en que la responsabilidad individual continúa siendo determinante para reducir riesgos. Recomiendan revisar el vehículo antes de cada viaje, mantener comunicación constante con familiares o servicios de asistencia, respetar límites de velocidad y evitar conducir durante la noche en tramos conocidos por su peligrosidad.
Pese a los esfuerzos institucionales, la seguridad vial en carreteras sigue siendo uno de los grandes retos del país y cada año se registran más de 12 mil accidentes con víctimas en autopistas federales, una cifra que confirma que la movilidad interurbana requiere una atención tan urgente como la que demandan las calles de la ciudad.
