Ciudad de México, 23 mar (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su administración acatará el dictamen sobre una demanda del gigante minero estadounidense Vulcan Material ante un organismo del Banco Mundial (BM) por el fin de la concesión de explotación y exportación de piedra caliza en la península de Yucatán (sureste).
“Desde luego acatamos lo que ellos (el panel internacional) dictaminen, resuelvan, se va a acatar; pero sí me gustaría mucho que conocieran el territorio, que conocieran la destrucción, el ecocidio que causó esta empresa estadounidense”, dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa.
La filial de la firma que opera en México desde 1987, bajo el nombre de Calizas Industriales del Carmen (Calica), demandó al país latinoamericano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi), organismo del BM para protección de inversiones con sede en Washington, exigiendo una compensación por 1.529 millones de dólares, alegando incumplimiento de la concesión.
“Hay un panel y lo que quisiera es que no resolvieran los encargados de este panel en escritorio, que visitaran la zona, porque es ecocidio”, dijo el mandatario al presentar imágenes de la masiva extracción de piedra caliza en lo que fue una franja selvática de 12 hectáreas, de la zona costera donde la empresa cuenta con un puerto marítimo para exportación de material.
López Obrador ordenó el 3 de febrero del año pasado 2022 suspender y no prorrogar la concesión a la empresa minera extranjera que explota piedra caliza en las costas de Playa del Carmen, frente a la isla Cozumel, en el Caribe mexicano.
DENUNCIA POR ECOCIDIO
El Gobierno argumenta el crimen ecológico ante el tribunal sobre protección de inversiones, presidido por el holandés Albert Jan van der Berg, que determinará si el Estado mexicano violó o no sus obligaciones bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (T-MEC).
“Estamos denunciados, yo hago un llamado a quienes forman parte del panel que está resolviendo esta controversia, con la empresa estadounidense y el Gobierno de México, un llamado atento, respetuoso”, a conocer el ecocidio, prosiguió el gobernante.
El mandatario respondió a una denuncia de Vulcan Materials presentada el 20 de marzo pasado, alegando que fuerzas de seguridad mexicanas tomaron posesión la semana pasada de su terminal marítima, supuestamente en forma ilegal.
“Devastaron zonas naturales, de manglares, pero en una superficie amplia y cómo inclusive afectaron zonas arqueológicas sin ninguna limitación”, relató el presidente.
López Obrador describió un vídeo en el que se observan masivas detonaciones para extraer la roca caliza, que crearon un enorme lago artificial con agua de mantos acuíferos, que desembocan en el mar.
La policía mantiene retenido el puerto y según la denuncia fue utilizado para descargar cemento y grava de la compañía cementera mexicana Cemex, destinado a la construcción del ferrocarril del turístico Tren Maya, en la península de Yucatán.
“La empresa es muy poderosa, imagínense que senadores del Partido Republicano (oposición en EEUU) están tratando el asunto. A ver si no les da pena y vergüenza”, dijo López Obrador al describir el daño ecológico causado en décadas de explotación minera.
La firma estadounidense utilizó la concesión para extraer y exportar roca caliza para obras de construcción.
El Gobierno de EEUU expresó el martes pasado que estaba “preocupado porque nuestras empresas reciban un trato justo en México”.
Vulcan Materials afirma que las autoridades no habían presentado documentos legales que autoricen la ocupación del puerto marítimo, propiedad de su filial Calica.
El Departamento de Estado indicó que “casos como estos tienen el potencial de impactar nuestra capacidad de lograr nuestra visión compartida de mejorar los medios de subsistencia en una de las regiones económicamente más desfavorecidas de México”.
El posicionamiento de Washington considera que la controversia “impacta en los esfuerzos de México para atraer futuras inversiones”.
El mandatario sostiene que los senadores estadounidenses financian a grupos ecologistas que se oponen a la construcción del ferrocarril turístico de 1.550 kilómetros, que enlazará playas, zonas arqueológicas, reservas de la biósfera y comunidades indígenas mayas. (Sputnik)
