Es necesario que se apliquen sanciones a quien promueva, haga o financie las terapias de conversión, pues estas violentan los derechos humanos de las personas a las que se busca cambiar su orientación de género, señaló la diputada Marisol Carrillo.
Agregó que su postura es totalmente en contra de tales terapias, por lo cual presentó una iniciativa para que se adicione al Código Penal de Durango, una sanción de 2 a 4 años de prisión para quien promueva, haga o haya financiado la promoción de estas terapias.
“Entonces, en pleno siglo XXI, vemos que se quiere cambiar la orientación sexual, la identidad de género, a ver, amor es amor, pero no solamente es eso, sin derechos humanos que se tienen que respetar”, dijo la legisladora, al recordar que se trata de terapias que van desde una situación de violencia terrible, con electrochoques, medicamentos, terapia sicológica, violencia, golpes y hasta temas religiosos.
