La Duda
De Alejandro Álvarez Manilla
El reciente Operativo Limpieza en Durango, donde se decomisaron más de tres millones de productos ilegales en tres centros comerciales de origen chino, ha generado diversas reacciones.
Mientras que la Canaco Durango aplaude acciones como un paso hacia la protección del comercio local, no puedo evitar cuestionarme: ¿es esta una estrategia efectiva para combatir la ilegalidad o una medida que disfraza intereses proteccionistas?
En este operativo, encabezado por el gobernador Esteban Villegas y coordinado con la Secretaría de Economía, se aseguraron mercancías cuyo valor supera los 300 millones de pesos.
Esto, según las autoridades, no solo busca salvaguardar el comercio formal, sino también frenar la competencia desleal derivada de productos que ingresan al país sin cumplir con los estándares legales.
Sin embargo, no me queda la menor duda de que esta operación deja muchas preguntas en el aire. Primero, ¿cómo es que estos centros comerciales lograron operar durante tanto tiempo sin que nadie detectara estas irregularidades?
La magnitud del decomiso sugiere que no estamos hablando de una actividad clandestina menor, sino de un problema estructural de supervisión e inspección en las aduanas y mercados locales. Si el sistema permitía su entrada y distribución, ¿quién está fallando en el control inicial?
Además, me pregunto: ¿se está actuando con el mismo rigor hacia otros sectores que también contribuyen al contrabando y la informalidad?
Aunque celebro la limpieza en estos puntos, tengo duda de si este esfuerzo será sostenido o si se trata de una medida aislada para mostrar resultados inmediatos.
Por otro lado, no podemos ignorar el trasfondo económico y social. Los centros comerciales como Mega Oriental, Mall Chino y Up Shopping no operan solos. Generan empleos, atraen consumidores y, aunque sus productos no cumplan con la normativa, su existencia responde a una demanda.
En este sentido, surge otra duda: ¿cómo se atenderán las necesidades económicas de quienes dependían de esta actividad?
Finalmente, el operativo forma parte de una estrategia nacional que ya suma cinco estados: CDMX, Sonora, Coahuila, Baja California y ahora Durango. No tengo la menor duda de que estos esfuerzos buscan enviar un mensaje contundente: la ilegalidad no será tolerada.
Pero ¿qué sigue? ¿Se fortalecerán los mecanismos de control en las aduanas? ¿Habrá incentivos reales para que el comercio formal sea una opción más accesible y competitiva frente a estas prácticas?
Durango está en una ruta de fortalecimiento económico bajo el liderazgo del gobernador Esteban Villegas, pero para que este tipo de operativos tengan un impacto duradero, es necesario que estén acompañados de políticas integrales que aborden no solo la oferta de productos ilegales, sino también las causas que la alimentan.
¿Estamos ante un verdadero cambio de paradigma o simplemente ante un esfuerzo superficial para aparentar resultados? En lo personal, no me queda duda de que solo el tiempo y la consistencia de estas acciones permitirán responder a esta pregunta.
Por ahora, Durango está en el ojo del huracán, y la balanza entre la legalidad y el desarrollo económico continúa en disputa.
