Durango, Dgo.
La disolución matrimonial volvió a colocarse como el principal detonante de litigios familiares en Durango durante 2025. Al cierre del año, los tribunales del estado registraron un incremento sostenido en los procesos de divorcio, que crecieron poco más de siete por ciento en comparación con el año previo, de acuerdo con cifras oficiales del Poder Judicial.
Durante todo 2025 se promovieron 5 mil 799 demandas de divorcio, una cifra superior a las 5 mil 409 contabilizadas en 2024, lo que confirma una tendencia al alza en la ruptura legal de matrimonios. El crecimiento también supera los registros de 2023, cuando se reportaron poco más de 5 mil 470 expedientes de este tipo.
La capital del estado concentró la mayor parte de los procedimientos. Cuatro de cada diez divorcios fueron tramitados en los juzgados del municipio de Durango, donde se abrieron 2 mil 471 expedientes. La región Laguna también aportó un volumen significativo, con Gómez Palacio acumulando cerca del 30 por ciento de los casos, mientras que Lerdo registró poco más de 600 juicios. El resto de los procesos se distribuyó entre los juzgados mixtos del interior del estado.
Uno de los rasgos más notorios del comportamiento judicial en 2025 fue el predominio del divorcio incausado, modalidad que no requiere justificar el motivo de la separación. Casi nueve de cada diez demandas se presentaron bajo esta figura, reflejando la preferencia por procedimientos más ágiles y menos confrontativos. En contraste, los divorcios por mutuo consentimiento representaron una fracción menor del total.
En el balance general, los divorcios concentraron el 37 por ciento de todos los asuntos familiares iniciados durante el año, dentro de una carga global que superó los 15 mil 600 expedientes en esta materia. Esta cifra coloca a los procesos de disolución matrimonial como la principal presión de trabajo para los juzgados familiares, por encima de litigios por herencias, pensiones alimenticias y otros conflictos del ámbito doméstico.
El aumento sostenido de divorcios no solo marca un cambio en la dinámica social del estado, sino que también plantea retos operativos para el sistema judicial, que enfrenta una demanda creciente de atención en temas familiares.
