El Congreso Estatal de Jueces constituye un instrumento para fortalecer el acervo jurídico que tienen actualmente, por medio de mesas de trabajo y conferencias que serán impartidas por reconocidos especialistas, como es el caso del senador Migue Ángel Mancera, informó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ramón Guzmán Benavente.
Entrevistado poco antes de poner en marcha los trabajos del Congreso, el presidente del Tribunal de Justicia en el estado, puntualizó que se lleva a cabo por segundo año consecutivo, después de que por 13 años estuvo suspendido, para subrayar la importancia que tiene para los juzgadores, quienes participarán en las mesas que se desarrollarán para abordar las materias mercantil, civil, familiar y penal.
Agregó que todo este contexto “permitirá que los juzgadores se alleguen un nuevo conocimiento y les permita desarrollar mejores condiciones y trabajo, además el que tengan su congreso cada año les da un sentido de pertenencia, porque es de ellos y para ellos, es su patrimonio y lo tienen que cuidar mucho”, agregó el magistrado Guzmán Benavente.
Manifestó que se trata de un evento que será un referente en el foro jurídico, en la comunidad jurídica, que permitirá establecer que cada año los jueces de Durango realicen un congreso estatal.
Por otra parte, también se refirió a un reclamo que se ha dado entre los jueces con respecto a los criterios con los cuales se eligen los magistrados y que plantea dificultades para ellos, al reconocer que durante más de 30 años en los cuales se desempeñó como litigante, pudo observar cómo se otorgan las magistraturas y que en algunas ocasiones, sí operan criterios políticos.
Sin embargo, manifestó que existe una reforma en la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, en la cual se establece que el acceso a las magistraturas se hará posible por medio de concurso de oposición, de tal forma que ocuparán estos cargos quienes muestren ser los más competentes, preparados, ya no por criterios políticos, para señalar que se trata de una disposición que se tendrá que bajar a la ley estatal para su aplicación.
