“Ya vamos a pasar de la fase de la austeridad republicana a una fase superior, que es la de la pobreza franciscana, porque tengo reunión mañana con el gabinete y vamos a llevar a cabo medidas de austeridad adicionales”, declaró el mandatario en su rueda de prensa matutina.
El presidente promulgó en noviembre de 2019 la Ley Federal de Austeridad Republicana para eliminar beneficios para funcionarios públicos como seguros privados, reducir el presupuesto de las dependencias en gasto corriente e impedir que servidores públicos salten a la iniciativa privada.
Pero funcionarios y organismos autónomos se han amparado contra estas medidas y contra las reformas a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por lo que el mandatario avisó ahora de una reforma legal y una posible constitucional.
“Vamos a buscar la forma de presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Austeridad y, si procede, una nueva reforma a la Constitución para dejarlo más claro y que no se presente a interpretaciones que hicieron en el Poder Judicial de manera leguleya”, comentó.
El mandatario reiteró que con sus medidas de austeridad el Gobierno ha ahorrado 2 billones de pesos (100.000 millones de dólares) desde que inició su periodo en diciembre de 2018, aunque en ese cálculo también incluyó el cobro pendiente a grandes contribuyentes y el combate al robo de combustible o “huachicoleo”.
Entre las medidas adicionales de austeridad de los funcionarios, el presidente enunció la restricción de viajes al extranjero, reunirse por videoconferencia, disminuir los viáticos y evitar la compra de vehículos nuevos, al citar que su camioneta oficial es de 2018.
“(Es) para seguir manteniendo ahorros, para seguir sin deudas, sin solicitar deudas adicionales, sin aumentar impuestos, sin aumentar el precio de las gasolinas. La fórmula es sencilla: es cero corrupción y austeridad para liberar fondos al desarrollo, entregar recursos a la gente más necesitada”, justificó.
El presidente defendió exhibir a los funcionarios que ganan más que el presidente, incluyendo los ministros de la Suprema Corte, la gobernadora del Banco de México, el fiscal general de la república y los consejeros del Instituto Nacional Electora (INE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y otros órganos autónomos.
“Vamos a avanzar más en el plan de austeridad, independiente de lo que tiene que ver con poderes autónomos, y esto tiene que tratarse como una cuestión de Estado”, expresó. EFE
