- Ambiente Político Por Eduardo Serrano
María Guadalupe Rojas Vázquez de 32 años de edad, era estilista, madre de dos hijos. Desapareció el 24 de octubre; la denuncia respectiva fue interpuesta formalmente el 26 del mismo mes. El lunes 31 de octubre, fue localizado su cuerpo sin vida. Ángel Zurizaday Molina Cuéllar, su ex pareja y presunto feminicida, ya es buscado por las autoridades. La Fiscalía General del Estado, ha dado seguimiento puntual, informando a la opinión pública los pormenores del caso. El indescriptible dolor de sus familiares y amigos, se mezcla con la indignación, el coraje, la tristeza y la impotencia, que mantienen en shock a la sociedad duranguense. La exigencia de justicia, quizás no sea suficiente, pero es lo único que queda por hacer, para que caiga todo el peso de la ley sobre el, o los responsables de la muerte de Lupita.
El 21 de julio de 2017, se presentó la documentación de solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado de Durango, ante la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), misma que emitió la respectiva declaratoria el 7 de noviembre de 2018, la cual aplicó en la capital de Durango, y en otros 15 municipios: Gómez Palacio, Lerdo, Mezquital, Pueblo Nuevo, Poanas, Tamazula, Canatlán, General Simón Bolívar, Mapimí, Nombre de Dios, Rodeo, Tlahualilo, Vicente Guerrero, Santiago Papasquiaro y Guadalupe Victoria. La finalidad de esta alerta era, y sigue siendo, implementar las medidas necesarias para acabar con la violencia contra las mujeres en el territorio estatal, que abarcan los 16 municipios descritos.
Los esfuerzos de autoridades y organizaciones, para hacerle frente a esta situación, en la que intervienen diversos factores de índole social y cultural, han sido muy valiosos, aunque, en efecto, insuficientes. Trascendió que el Instituto Estatal de las Mujeres, que dirige Alejandra Terrones, desde que tuvo conocimiento de la desaparición, se vinculó con autoridades y con la madre de Lupita, a fin de darle acompañamiento “con perspectiva de género y con absoluto apego a Derechos Humanos. Por eso, es contradictoriamente inaceptable, que se violente con señalamientos absurdos, a quienes se han propuesto ponerle un alto a la violencia, en lugar de sumarse a la lucha por construir ambientes de paz en los diferentes entornos, llámese en el hogar, en instituciones educativas y en centros de trabajo, tanto en lo público como en lo privado.
De acuerdo con diversas fuentes informativas, posterior a la declaratoria de Alerta de Género, en 2019 se contabilizaron 10 carpetas de investigación por feminicidio en el Estado; en 2020 fueron 12; en 2021, 10 y en lo que va de 2022, incluyendo el caso de Lupita Rojas Vázquez, se han contabilizado otras 11. También hay que decirlo, en la mayoría de los casos, las autoridades han esclarecido estos crímenes. Recientemente, Dora Ramírez y Alejandra Espinoza, representantes de la Conavim; Ana Valenzuela, Coordinadora Estatal de la Alerta de Violencia de Género, y Alejandra Terrones del Instituto Estatal de las Mujeres, realizaron diversas actividades con el objetivo de avanzar de manera más efectiva, en la atención de esta problemática. Que no se repitan más casos como el de Lupita, es lo que se busca; que se haga justicia, es la exigencia; levantar la alerta de género, para todos es lo más deseable; que mujeres y familias vivamos en un ambiente de paz, es la esperanza.
