El diputado Ernesto Alanís Herrera, presentó iniciativa para expedir la Ley de Justicia Cívica del Estado de Durango y sus Municipios, la cual tiene como objetivo dotar a los 39 municipios del estado de un marco legal común que permita atender faltas administrativas y conflictos comunitarios mediante un modelo de justicia cívica, eficiente, restaurativo y preventivo.
Al hacer la ampliación de motivos, dijo que “crear nuevos mecanismos y fortalecer los que ya existen es fundamental para garantizar la seguridad y lograr una vida más tranquila y armoniosa para todos”.
Además, se busca ofrecer alternativas a las sanciones comunes como multas o arrestos. Por ejemplo, que las personas puedan participar en actividades comunitarias, programas sociales o terapias, si así lo deciden voluntariamente, mediante un acuerdo firmado ante el juez.
Explicó que las autoridades municipales son las primeras en atender conflictos cotidianos, por lo que deben contar con herramientas eficaces para prevenir delitos y resolver problemas antes de que escalen.
El modelo propone atender las causas sociales de las faltas, fomentar la cultura de la legalidad y reparar el daño causado, más allá del castigo.
Por lo que se requiere capacitar jueces, policías y funcionarios; actualizar conceptos legales; y aplicar procedimientos eficaces con alternativas a las sanciones tradicionales.
Estados como Guanajuato, Chihuahua, Ciudad de México y Nuevo León ya cuentan con legislación en la materia, con buenos resultados. La Suprema Corte validó en la acción de inconstitucionalidad 70/2019 que los congresos estatales pueden legislar sobre justicia cívica, incluso sin ley federal general.
Aunque la Ley Orgánica del Municipio Libre contempla el modelo, su aplicación es irregular o inexistente en varios municipios, lo que genera disparidad e ineficiencia.
El legislador dijo que el contenido central de la propuesta propone: un procedimiento claro para aplicar la justicia cívica, catálogo de faltas administrativas y sanciones, lineamientos para programas de rehabilitación, atención a adicciones y colaboración con sociedad civil.
Así como el fortalecimiento del rol de jueces cívicos y autoridades municipales en la resolución de conflictos y alternativas a multas y arrestos, como trabajo comunitario o terapias, mediante acuerdos voluntarios.
