En medio de la devastación por las lluvias que han azotado al estado veracruzano, circulan en redes sociales imágenes que han encendido la controversia: hombres armados, con uniformes tácticos y pasamontañas, descargan bolsas con despensas mientras se escucha, con voz entre apremiante e impositiva, “rápido, rápido, rápido… de parte del Cártel de Jalisco” antes de retirarse en cuestión de minutos.
La escena despierta preguntas incómodas: ¿es válido aceptar esa ayuda? ¿Acaso un grupo criminal se ha vuelto más confiable que las autoridades para la gente necesitada?
¿Qué implica moral y legalmente recibir ayuda de un grupo identificado con el crimen?
El hecho de que los ayudantes portaran armas y se identificaran como miembros del CJNG transforma esa entrega en un acto de poder simbólico. No es solo ofrecer arroz o frijol: es sembrar lealtad, dependencia y miedo. Esa “generosidad” viene empaquetada con un mensaje: “estamos presentes, cuidamos esto”.
Si eres habitante de la zona con urgencia de víveres, recibir una despensa puede significar alivio inmediato. Pero al aceptarla, se corre el riesgo de legitimar al oferente como autoridad paralela. Es una relación donde el poder del brazo armado refuerza el control social sobre poblaciones vulnerables.
La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada señala que toda ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie que “facilite” actos delictivos puede considerarse cómplice o cómplice necesaria, especialmente si se asocia al fortalecimiento del grupo.
Aunque el artículo 35 de esa misma ley contempla una “cooperación eficaz” para la investigación como posible exención, ese camino es estrictamente judicial y no se aplica a acciones espontáneas o públicas de rescate.
En términos prácticos, recibir despensas con logos del CJNG y bajo su control podría interpretarse como una forma de apoyo moral o político hacia la organización.
En ocasiones los gobiernos critican estas acciones: frente a los videos, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que “eso no está bien”, condenando que grupos criminales se atribuyan labores de auxilio humanitario.
Pero la crítica moral no basta si, sobre el terreno, la ausencia del Estado permite que el crimen organizado ocupe el vacío social. Cuando gobiernos son incapaces de llegar con rapidez, logística y legitimidad, los espacios se llenan con quien pueda cumplir (aunque sea en forma perversa).
Para familias inundadas, el dilema es brutal: aceptar pan de un criminal o esperar que el Estado aparezca. La decisión no es puramente moral: es supervivencia inmediata.
Pero detrás de cada despensa entregada con armas hay una deuda simbólica no escrita. Aceptar esos apoyos puede inclinar la balanza hacia la normalización de operativos criminales como proveedor de lo que el Estado no cumple. Con el tiempo, la dependencia social puede transformarse en sometimiento político local: quién pregunta, quién paga, quién decide.
Además, esa “ayuda visible” se convierte en propaganda: quienes se quedan con la cámara cuentan la historia del héroe, no del terror que vive alrededor.
