- Columna Sena de Negros por: Dionel Sena
Apenas la semana pasada trascendió en medios de comunicación locales, la historia de Julia Edith Espinoza Meraz, la cual, fue despedida por haber denunciado corrupción de algunos mandos mayores y acoso laboral, lo que le valió dejar de ser parte de la nómina del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, órgano al cual, ya no se le permitió el acceso y tampoco le dieron muchas explicaciones del porque de esa determinación, por lo que al no ver apoyo de alguna instancia, decidió hacer público su caso y recurrir a los distintos medios informativos, en la idea de que sus superiores entiendan lo que está pasando y la reintegren a su centro de trabajo, lo que será difícil de que ocurra, debido a la cerrazón de quienes toman las decisiones en ese órgano federal.
La propia afectada detalló que corría el año del 2021, enero para ser precisa, cuando denunció distintas anomalías de parte de la delegada administrativa quien entre otras cosas, tenía como proveedores de distintos alimentos y bebidas a sus propios familiares, tales como su hermano y su suegro, lo que ella denunció y desde ahí, comenzó una persecución en su contra, pues ella era la jefa del departamento administrativo de la Sala Regional Norte Centro III de ese tribunal federal, por lo que dejó de firmar cualquier documento al respecto, por lo que empezaron a relegarla de sus responsabilidades, tiempo después -el 15 de junio del 2021- solicitó una licencia sin goce de sueldo, sin embargo, a su regresó, se percató de que sus archivos así como la computadora de uso personal, habían sido vulnerados, lo que evidentemente denunció con sus superiores, incluso de México.
Para el 2 de octubre del año 2021, le hicieron llegar un oficio a través del cual, la enteraban un cambio de adscripción a Puebla, para presentarse el 1 de noviembre de ese mismo año, por lo que su presencia aquí, ya no era necesaria, sin embargo, a través del portal del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se percató que su plaza había sido puesta a disposición, bajo el argumento de que ya no era necesaria, para lo cual, se brincaron un procedimiento que marca el tribunal referido para un cambio de adscripción como justamente era el caso, por lo que su cambio al estado de Puebla quedó suspendido, para el 1 de diciembre de ese mismo año, finalmente en marzo del 2022, le informaron que su plaza se quedaba en Durango, por cosas de la vida, es en ese mismo mes que se percata de que estaba embarazada.
Al darse cuenta de que estaba en un estado de gravidez, solicitó las medidas cautelares que le otorga la ley para su propia protección, sin embargo, no fue hasta junio del 2022 cuando el Tribunal Superior de la Federación, le ordenó al tribunal dictara dichas medidas cautelares, mismas que al parecer, se hicieron a regañadientes, pues el acoso laboral -según denuncia la informante- nunca cesó, lo que le provocó graves afectaciones en su salud como: crisis de ansiedad y que el producto se le adelantará tres semanas, pues su embarazo era de alto riesgo, por fortuna, el parto fue un éxito, sin embargo, cuando pretendió presentarse a trabajar -la semana anterior-, le dijeron que ya no formaba parte de esa plantilla laboral, por lo que ahora la afectada -con justa razón-, reclama justicia y la ayuda de las autoridades correspondientes.
La justicia en este caso… Marcará un precedente, sin duda alguna.
