En estos procedimientos también se procede en contra de otros servidores públicos “que, por razón de secrecía y viabilidad procesal, no se identifican en este momento”, indicaron las autoridades judiciales mexicanas en un comunicado.
En la investigación que lleva la Fiscalía General de la República (FGR) se indica que dicho equipo de inteligencia se adquirió con recursos públicos de una partida para “Gastos de Seguridad Pública y Nacional” por la cantidad de 456.843.149 pesos (unos 22,84 millones de dólares).
De acuerdo con la Fiscalía mexicana, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) hizo esta compra pública “sin que existiera justificación para su celebración y evadiendo los procedimientos de licitación pública” y un uso irregular de partidas presupuestales.
“Actualmente, se está gestionando la solicitud de orden de aprehensión contra quien proceda, así como las pautas para ejercitar acción penal”, detalló la FGR en su comunicado.
Sobre el uso del equipo Pegasus, la autoridad mencionó que “se estará en posibilidad de ampliar la acción penal por los delitos vinculados por el espionaje ilegal, en el momento procesal en que se obtenga información al respecto”.
En una segunda línea de investigación, la Fiscalía mexicana procede judicialmente por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de diversos periodistas y defensores de derechos humanos.
La FGR recordó que su primer pesquisa fue contra Juan Carlos García, miembro de la empresa Proyectos y Diseños VME, que comercializaba en México el software de espionaje Pegasus de la tecnológica NSO Group.
“En este caso se han presentado ante la autoridad judicial, las notas de prueba que señalan que la empresa NSO Group vendía ilegalmente el sistema ‘Pegasus’ mientras que, al mismo tiempo, lo utilizaba por su cuenta para entregar la información a otras personas”, indicó la Fiscalía.
Además, concluyó que “conforme se vaya obteniendo mayor información al respecto, se dará a conocer”. EFE
