Caso de violencia familiar y litigio por pensión alimentaria en Durango
En Durango se desarrolla un complejo caso judicial que involucra denuncias por violencia familiar, proceso de divorcio, disputas por guarda y custodia, pensión alimentaria y señalamientos de violencia institucional. La denunciante es la psicóloga Gloria “N” y el señalado es su ex pareja, el abogado Cristian “N”.
De acuerdo con los antecedentes judiciales, la relación inició formalmente en 2019 y derivó en concubinato en febrero de 2020. Durante ese periodo, la denunciante reportó un incremento en conductas violentas, controladoras y amenazas. En 2021, tras confirmarse un embarazo, los episodios de conflicto se intensificaron, según consta en las denuncias presentadas por Valentina.
La pareja contrajo matrimonio el 18 de junio de 2021. Meses después, en octubre del mismo año, se produjo la separación tras un episodio en el que la denunciante señaló agresiones verbales, daños a la vivienda y amenazas. Posteriormente se iniciaron procedimientos de divorcio, así como denuncias penales y familiares.
En el juicio de divorcio, el señalado negó la paternidad de la menor y no la incluyó inicialmente en la demanda. Sin embargo, más adelante solicitó la guarda y custodia de la niña en un juzgado familiar de Durango. Paralelamente, se abrieron carpetas de investigación por presuntos delitos como violencia familiar, amenazas y sustracción de menores.
Durante el desarrollo de las audiencias, el abogado realizó un cambio legal de identidad de género, obteniendo una nueva acta de nacimiento que lo reconoce como mujer. Con base en ese documento, solicitó ser tratado con perspectiva de género en los procesos judiciales y así evitar ser el proveedor. En una de las audiencias, el juez de control permitió que el procedimiento se condujera bajo esa condición jurídica, lo que derivó en resoluciones que incluyeron la vinculación a proceso de la madre por el delito de sustracción de menores, sin que previamente se hubiera concluido una investigación en su contra.
El caso también tuvo repercusiones en el ámbito laboral de la denunciante. Valentina se desempeñaba como psicóloga en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Según consta en su testimonio y en expedientes administrativos, tras una serie de quejas y requerimientos promovidos por su ex pareja ante distintas instancias, fue separada de su cargo. La decisión se dio en el contexto de solicitudes de información relacionadas con su carpeta de investigación y dictámenes periciales elaborados por ella misma.
En febrero de 2024, un juzgado del Centro de Justicia para la Mujer emitió vinculación a proceso contra el señalado por hechos ocurridos dentro de las instalaciones de la comisión, relacionados con presuntas amenazas y agresiones. No obstante, otros procedimientos continúan abiertos, incluidos los referentes al régimen de convivencia supervisada, al cual el padre ha sido citado, aunque existen registros de inasistencias.
En 2023, la denunciante inició otra relación sentimental y, meses después, presentó una denuncia adicional por violencia familiar contra esa persona. Posteriormente, ambos hombres comparecieron en procesos relacionados con nuevas denuncias por sustracción y retención de la menor, lo que amplió el número de causas penales en trámite.
Actualmente, el caso sigue en curso en juzgados familiares, penales y administrativos del estado de Durango. No existe, hasta el momento, una resolución definitiva sobre la pensión alimentaria, la custodia de la menor ni sobre la totalidad de las responsabilidades penales derivadas de las denuncias interpuestas por las partes.
Según narración de Valentina, el caso presenta inconsistencias por tráfico de influencias, sin que al momento se sepa la versión de la parte acusada.
