La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum no logró avanzar en la Cámara de Diputados luego de que la iniciativa no alcanzara la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución.
Durante la votación en San Lázaro, la propuesta obtuvo 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, por lo que quedó oficialmente desechada al no reunir las dos terceras partes necesarias.
La reforma planteaba cambios que tocaban directamente los intereses de los partidos políticos, entre ellos reducir el financiamiento público que reciben cada año y eliminar las diputaciones plurinominales, figuras que históricamente han sido criticadas por permitir que legisladores lleguen al Congreso sin haber ganado una elección directa.
Desde el oficialismo se defendía la propuesta como una medida para reducir el costo del sistema electoral mexicano, mientras que la oposición argumentó que los cambios podían afectar la representación política y el equilibrio democrático.
Sin embargo, más allá del resultado legislativo, el debate dejó un efecto político inmediato: la narrativa de que el gobierno federal intentó recortar privilegios a los partidos, algo que conecta con el descontento de muchos ciudadanos hacia el financiamiento millonario de las fuerzas políticas.
