Ante la importancia que tiene la salud en la entidad, “no podemos permitir un recorte en cuanto al presupuesto del recurso federal en atención a la salud”, señaló la diputada Gabriela Hernández López, para puntualizar que tampoco se puede dejar de lado el tema mental, que también tiene particular importancia en estos momentos.
La legisladora consideró positivo que el secretario de Salud en el estado explicara que el Hospital de Salud Mental no desaparecerá, dada la importancia que tiene en estos momentos, además de recordar que hay una reforma que contempla una atención más integral y que los padecimientos de este tipo se puedan tratar también en los hospitales generales.
“Esto contribuirá a quitar el estigma de que tener depresión, ansiedad o un trastorno alimenticio es un tema separado de la salud integral; me alegra ver que el secretario de Educación anunció la contratación de sicólogas y sicólogos para el próximo ciclo escolar”, dijo la diputada, al indicar confianza en que el próximo gobierno estatal, con la sensibilidad que tiene el gobernador electo en cuanto a salud integral, dará prioridad a la atención de la salud mental.
Recordó la legisladora que la salud es un tema que debe ser central en los gobiernos, porque sin ella los demás conceptos del desarrollo personal y colectivo se ven comprometidos, como quedó en evidencia durante los dos últimos años, cuando el mundo experimentó la detención del ritmo de crecimiento derivado de una crisis sanitaria de dimensiones globales.
Añadió que en el caso del país “los desafíos en materia de salud han sido muy graves, en razón de la insuficiencia de unidades que atiendan a la población, además del desabasto de medicamentos acrecentado desde el inicio de la actual administración federal”, dijo la legisladora, al señalar que la situación se complica debido al recorte en la ejecución del presupuesto nacional por parte del gobierno federal, que se estima en un 65% de recurso disminuido para la salud pública en este mes.
Ante tal circunstancia, planteó la necesidad de que se analicen las políticas públicas ejecutadas por parte del gobierno federal, porque causan graves perjuicios a la población, entre otras cuestiones en materia de seguridad y de salud.