Uruapan, Michoacán — La noche del sábado 1 de noviembre de 2025, durante las celebraciones del Festival de las Velas en el centro de Uruapan, municipio del estado de Michoacán, fue asesinado a balazos el presidente municipal, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.
El ataque se produjo ante decenas de testigos en plena plaza pública, lo que detonó un fuerte impulso de protesta social en la región.
Según lo informado por las autoridades federales, Manzo contaba con un esquema de protección otorgado desde diciembre de 2024, reforzado en mayo de 2025, que incluía elementos de la Guardia Nacional.
Pese a ello, el agresor —o agresores— aprovecharon la vulnerabilidad del evento público para ejecutarlo.
El alcalde había sido una figura pública que se manifestó abiertamente contra el crimen organizado en la zona y había solicitado mayor apoyo federal al respecto.
La muerte de Manzo provocó movilizaciones inmediatas en Uruapan y también en la capital del estado, Morelia. En esta última, cientos de ciudadanos marcharon desde la plaza José María Morelos hasta el Palacio de Gobierno, coreando consignas de “Justicia” y exigiendo que no quede impune el crimen.
Durante la manifestación en Morelia se reportó que algunos grupos de manifestantes irrumpieron en las instalaciones del palacio estatal, provocando daños materiales en puertas y vidrios.
En Uruapan, durante el funeral de Manzo, el gobernador del estado recibió reclamos directos de los asistentes que lo acusaron de falta de acción efectiva en seguridad.
El hecho ocurrió en un evento social masivo y público —menos habitual en ataques a autoridades— lo que generó un alto impacto mediático y social. La víctima era un alcalde independiente que había denunciado amenazas directas y había asumido una postura de choque contra el crimen organizado. La combinación del suceso con la movilización ciudadana marca un momento de tensión entre sociedad, poderes estatales y federales en Michoacán.
Que se esclarezca de forma pública y efectiva el asesinato de Carlos Manzo, se investiguen todas las líneas posibles y se castigue a los responsables. Que las autoridades estatales y federales revisen y refuercen los esquemas de protección para autoridades y ciudadanos en zonas de alto riesgo. Que la acción de gobierno vaya más allá de promesas, con medidas concretas de seguridad, rendición de cuentas y combate al poder del crimen organizado.
Michoacán es desde hace años uno de los estados más afectados por la violencia vinculada al narcotráfico, disputas de grupos delictivos y retos estructurales en materia de seguridad pública. El atentado contra un alcalde electo añade una dimensión de vulnerabilidad institucional que alarma a la ciudadanía y a los actores políticos.
El suceso de Manzo puede verse como un síntoma más de la crisis de gobernabilidad y seguridad que enfrentan diversos municipios del país, donde las autoridades locales están expuestas a amenazas crecientes.
Las próximas horas serán clave: se espera que las autoridades federales y estatales presenten avances en la investigación, detenciones, líneas claras de acción, y que las movilizaciones ciudadanas mantengan la presión para evitar que el caso quede en la impunidad.
Asimismo, habrá que observar cómo repercute este asesinato en la relación entre el gobierno municipal de Uruapan, la administración estatal y la federación, así como en las dinámicas de seguridad y control territorial en la región.
