Washington, 28 may (EFE).- Los planes del presidente de EE.UU., Joe Biden, para revertir la polémica política migratoria de su antecesor, Donald Trump, han chocado con la Justicia, que primero reinstaló el programa que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México y ahora ha blindado las deportaciones exprés.

“Los jueces han bloqueado muchas de las políticas de la Administración Biden porque creen que el Gobierno debería rechazar a más inmigrantes y no permitirles buscar asilo, aunque eso sea legal”, dijo a Efe Aaron Reichlin-Melnick, experto en migración del American Immigration Council.

SE MANTIENE EL TÍTULO 42

El último golpe llegó el pasado 20 de mayo de la mano del juez de Luisiana Robert Summerhays, nominado en su momento por Trump, que anuló el intento de Biden de acabar con el Título 42, una política de expulsión de indocumentados amparada en la pandemia de covid-19.

Esa polémica medida, vigente desde marzo de 2020, permite deportar automáticamente a la mayoría de los migrantes indocumentados que cruzan la frontera sur, sin darles la oportunidad de solicitar asilo, al considerarlos un riesgo sanitario.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) pretendían levantar esta norma el pasado lunes por el retroceso de la pandemia, pero el juez dio la razón a varios estados gobernados por republicanos que auguraron una ola migratoria.

El Gobierno apelará la sentencia, pero el Título 42 permanecerá intacto mientras no se resuelva la batalla legal, que podría alargarse hasta bien entrado el año 2023.

“El Título 42 es un fracaso como política de gestión de la frontera. (…) Ha generado un mayor caos y más cruces fronterizos”, afirmó Reichlin-Melnick.

Y es que muchas personas intentan cruzar la frontera varias veces porque no cuentan con antecedentes al ser devueltos en caliente. Bajo el Título 42 se han realizado 1,8 millones de expulsiones.

ESPERAR TURNO EN MÉXICO

Si deciden entrar en Estados Unidos por los puertos de entrada oficiales, se topan con otra política de Trump: el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP), conocido como “Permanece en México”.

Esta normativa de 2019, ampliamente criticada por defensores de derechos humanos, obliga a los solicitantes de asilo a esperar su audiencia en territorio mexicano, donde muchos aguardan meses o años hacinados en campamentos y expuestos a la violencia.

Biden la suspendió en su primer día en la Casa Blanca, en enero de 2021, pero la Justicia también le obligó a reinstaurarla.

“Ahorita no hay una forma de entrar a pedir asilo de una manera digna o legal. Y hay que recordar que el asilo es un derecho humano”, explicó a Efe Crystal Sandoval, miembro de Las Américas, organización que asesora legalmente a los migrantes desde la fronteriza ciudad de El Paso (Texas).

Sandoval explicó que las normativas de Trump han forzado a muchos migrantes a cruzar la frontera por “áreas rurales remotas”, donde “corren un mayor riesgo”.

Además, muchas expulsiones son “discrecionales” en función de la nacionalidad de la persona.

“El racismo es muy fuerte. Si podemos acoger a comunidades como los ucranianos o los afganos, tenemos potencial de hacer lo mismo con cualquiera que se acerque a pedir asilo”, reivindicó Sandoval.

PREOCUPADOS POR LAS ELECCIONES

Rico Ocampo trabaja en Las Vegas para la organización de acogida a migrantes Se hace camino en Nevada, donde tienen claro que las personas que llegan al país “lo único que quieren es trabajar y huir” de su lugar de origen.

“Defender el Título 42 es mantener el legado de Donald Trump, quien durante su Administración atacó a la comunidad inmigrante en cada oportunidad”, expresó Ocampo en entrevista con Efe.

Estos colectivos observan ahora con “preocupación” las elecciones de medio mandato del próximo noviembre, cuando los republicanos podrían arrebatar la estrecha mayoría de los demócratas en el Congreso, o incluso una victoria republicana en las presidenciales de 2024.

“Sabemos de lo que es capaz una Administración republicana. No queremos ir hacia atrás”, explicó Ocampo, de 32 años, que llegó con dos años a Estados Unidos y es beneficiario de DACA, un programa que lo protege contra las deportaciones y que Trump intentó suprimir. EFE