Entonces, si es cierto lo que asegura Iván Soto, todo fue un montaje para desvirtuar o restarle méritos a la marcha del sábado en Mazatlán, y de ser así, les salió el tiro por la culata.
No hubo robo de niña, no debe haber proceso y el asunto debió ser echado por la alcantarilla aunque no les guste. O sea, las una y mil inconsistencias del proceso prueban la inocencia de las mujeres y por eso deben ser liberadas.
Y deben ser liberadas no porque lo pida Contacto Hoy, sino porque así lo marca la ley: Si no se cuenta con los elementos suficientes para presumir la comisión de un delito, los o las indiciadas tienen que regresar a la libertad.
Sintetizando: Salió mal el negocito en el que el gobierno estatal está quedando en el más espantoso de los ridículos, razón por la que están todos hechos pelotas, sin encontrarle la punta a la madeja.
Ayer el Lic. Antonio Bracho Marrufo y hoy el Lic. Antonio Rodríguez Sosa han ofrecido a los duranguenses la realidad del caso. Ambos coinciden en que se han pisoteado todas las reglas, o todos los derechos de las supuestas “rateras”, y que la única salida al terrible episodio es la libertad.
Tanto Bracho como Rodríguez admitieron que están dispuestos a aconsejar a la familia o familias de los detenidos, aunque la autoridad no quiere que se meta nadie que conozca de leyes por razones obvias.
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Total que al final ni desvirtuaron la marcha de hace ocho días en Mazatlán, que en el supuesto era el móvil de todo, y al final la administración estatal se metió a un callejón sin salida.
Alguien debía entender que la voz del pueblo es la voz de Dios y que como tal debe respetarse. Y en contrasentido, si no se escucha al pueblo, no tenemos idea de qué pudiera suceder.
La narración del periodista Iván Soto, de resultar cierta, definitivamente viene a consolidar la idea del montaje, primero para demostrar a los ojos de México que en Durango sí hay seguridad y segundo para quitarle banderas a la familia de Carlos Emilio Galván, aunque no se logró ninguno de los dos.
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Explíquenme cómo es eso y si es cierto que el gobernador Esteban y su esposa Marisol serán padrinos de la bebita que de pronto desapareció del area de cuneros del Hospital Materno Infantil. ¿Es cierto ese run run?
Aunque tiene lógica el compadrazgo a estas alturas, pues se estaría debilitando cualquier acción de los familiares de la niña, que habían amenazado quemarlo todo. Vaya jugadas que nos prepara la política.
Y lo de la bolsita blanca con “monedas”, desde luego es tema aparte que se tratará en su momento, aunque el triste episodio de los policías resultó por demás ridículo, y más la explicación que dio Óscar Galván.
Aun así, el Secretario de Seguridad pensó que todos somos sus sonsos, pues todo mundo vio el contenido de la bolsa y, sobre todo, el momento en que un uniformado la avienta hacia el interior del vehículo en que iban los hijos de la señora Anabel Meza, y uno de ellos se la regresó al policía, pero de que eran monedas, ni en mil años.
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Y de acuerdo al licenciado Antonio Bracho Marrufo, desde la detención y audiencias que se han realizado en contra de la supuesta cómplice en el robo de la bebé, se han registrado varias violaciones procesales en el caso de Anabel:
- Detención ilegal sin orden judicial:
- Anabel fue detenida en su domicilio sin orden de aprehensión, aproximadamente 12 horas después de los hechos.
- La Fiscalía invocó un supuesto caso urgente, pero no existen elementos que lo justifiquen conforme al artículo 16 constitucional y artículo 150 del CNPP.
No se acreditó:
- Que existiera riesgo fundado de fuga.
- Que el Ministerio Público no pudiera acudir ante el juez, ni
- Que hubiera flagrancia.
Violación: Artículo 16 constitucional (garantía de legalidad en la detención).
- Segunda detención arbitraria:
- Tras ser liberada, fue nuevamente detenida sin orden judicial, sin flagrancia ni nueva causa penal.
Violación: Principio de legalidad y libertad personal (art. 14 y 16 constitucionales).
Posible abuso de autoridad y detención arbitraria según los artículos 7 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
- Falta de acceso inmediato a defensa particular:
- No se le permitió nombrar a su abogado de confianza, imponiéndole un defensor público sin su consentimiento.
Contraviene los artículos:
- 20 Constitucional, apartado B, fracción VIII, 17 y 113 del CNPP, y 8.2.d de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Violación al Derecho a la defensa adecuada y libre elección de abogado.
- Ausencia de control judicial efectivo en la detención:
- El juez de control calificó como legal la detención, presumiblemente bajo el argumento de “caso urgente”, sin verificar los requisitos estrictos del artículo 150 CNPP.
- No se acreditó justificación ni comunicación inmediata al juez por parte del Ministerio Público.
Violación: Debido proceso, tutela judicial efectiva y control de legalidad de la detención.
- Falta de impugnación oportuna y violación continua:
- No se interpuso por parte del defensor de oficio recurso alguno (apelación o amparo) contra la calificación de la detención.
Violación persistente del derecho a la libertad personal y a la revisión judicial efectiva (art. 17 Constitucional y art. 7.6 CADH).
- Vinculación a proceso sin datos de prueba suficientes:
La vinculación se basó únicamente en:
- Un video donde aparece conversando con la autora material.
- Una declaración incriminatoria sin corroboración.
- No existen datos que acrediten dolo, coautoría ni participación material o intelectual.
Violación: Artículo 19 constitucional y artículo 316 CNPP (ausencia de datos que establezcan que se cometió un delito y que la imputada participó).
- Reclasificación indebida del delito:
El caso fue reclasificado a “desaparición forzada por particular”.
Violación: Principio de legalidad y tipicidad penal (art. 14 constitucional).
- Exclusión total del público y familiares de las audiencias:
- Las audiencias se realizan en el Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, bajo reserva total.
- No se permite el ingreso ni siquiera de la hija de Anabel, sin resolución fundada y motivada.
Violación: Principio de publicidad (art. 20 Constitucional y art. 64 CNPP).
- Posible afectación al principio de presunción de inocencia:
- La narrativa institucional y mediática ha presentado a Anabel como culpable, sin sentencia firme ni pruebas concluyentes.
Violación: Art. 20 Constitucional, apartado B, fracción I y art. 8.2 CADH.
- Omisión del Ministerio Público de agotar investigación objetiva:
- No se advierte que el MP haya indagado líneas de investigación alternas, ni recabado pruebas exculpatorias.
- Contraviene el artículo 131 del CNPP, que obliga a investigar con objetividad.
Violación: Principio de objetividad y legalidad en la actuación ministerial.
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Advertir que la semana pasada que trascendió el broncón por la niña “robada”, alguien se tomó la molestia de avisarnos, sí a Contacto Hoy, que nos cuidemos “porque está muy avanzada la investigación en que se les señala de portar armas largas…”.
No nos extraña, y tampoco nos sorprendería, que ahora quieran callarnos con “armas largas” o bolsitas con “monedas” blancas como la usada por los señores “representantes de la ley”.
Aunque tenemos que precisar que la Fiscalía General de la República ha sumado esos “avisos” al expediente que obra en autos y que si un día nos “encuentran” armas largas o bolsitas con “monedas” blancas ya era de esperarse.
Suerte que tanto al que escribe como a los reporteros de Contacto Hoy nos gusta una que otra bebida amargosa para acompañar la comida, el momento o la carnita. En ocasiones también nos cae un tequilazo o un “wuisconsin”, pero a veces el bolsillo no permite esos lujos. Nunca hemos fumado ni cigarros, mucho menos otra cosa y nuestras aficiones no llegan y nunca han llegado a esas “monedas” blancas gracias a Dios, de modo que por ese lado no nos podrán inventar nada, pero tampoco es garantía de que no lo intentarán por ésas u otras vías.
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Agarrense los que tengan que agarrarse pero, de muy buena fuente, se confirma la presencia aquí de personal de la Unidad de Inteligencia Financiera y que está siguiendo muy de cerca los pasos estatales.
Tienen en la Secretaría de Hacienda los pelos de la burra de cómo, cuándo y dónde se están desviando los recursos federales a inversiones particulares, tipo Elvis.
Allá ya no tienen duda del robadero, así lo llaman, y esperan consolidar las pesquisas para terminar con el saqueo a la mayor brevedad.
Aparte de la UIF, por si no fuera suficiente, hay más personal federal observando con binoculares cada uno de los movimientos bancarios, la mayoría de los cuales están deteniéndose en cuentas personales.
Y, claro, la lupa no nada más está operando en dirección al Bicentenario, sino que también ha enfocado la mira en la Unidad Administrativa del Municipio, que algunos ya adoptaron como la caja chica local, de modo que…les guste o no, habrá esculque.
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Se cumplieron 2 meses de la designación y entrada en funciones de los diferentes directores municipales y pareciera que algunos se sacaron la Lotería, pues no se sabe nada de ellos, de su trabajo o están dormidos en sus laureles, pero sí cobran su jugosa quincena de manera puntual.
Como ejemplo está Felipe Cortez, flamante director de Servicios Públicos Municipales, tal parece que en poco tiempo ya mostró su incapacidad en el puesto, no se ve nada del trabajo a su cargo, los diferentes espacios de la ciudad lucen totalmente abandonados y descuidados.
Tal parece que este funcionario le hace honor a su apodo de “El Chivo”, porque nomás brinca de un cargo público a otro.
Fue nombrado Director del Deporte en el mandato del gobernador Jorge Herrera Caldera, pero en cerca de tres años en el puesto nunca tuvo buenos resultados en lo que realmente interesaba: apoyar a los jovenes y al talento local.
También fue director de Proteccion Civil con el alcalde Adán Soria Ramírez, lamentablemente de proteccion civil sabía lo mismo que los ciudadanos saben de energía cuántica: nada, pero al menos el porte en eventos oficiales sí lo tenía.
Este año pasó de la Subsecretaría de Infraestructura Carretera de Secope a la titularidad de Servicios Públicos Municipales con el alcalde reelecto Toño Ochoa, donde la cosa va por el mismo camino.
Predominan las calles con enorme cantidad de basura, las cuadrillas de Red Ambiental hacen lo suyo con lo que les toca, pero por parte de la dependencia no se ha visto nada.
Ciudadanos hablan al 072 y solo toman las llamadas pero se tardan o de plano no acuden a reportes sobre baches, alumbrado y recolección de cacharros.
Espacios públicos, áreas verdes y jardines lucen en total descuido, del pasto ya nada queda, pues solo hay tierra, estos lugares están sin regar, los árboles lucen secos o sin podar.
No cabe duda que aquí aplica la famosa canción de Alicia Villarreal y que a Felipe Cortez “le quedó grande la yegua” o a Servicios Públicos “le falta jinete”…
