Durango, Dgo. — Cada fin de año se repite la misma historia: familias aterradas por el ruido, mascotas desorientadas, adultos mayores sin poder dormir y hospitales alertas ante quemaduras. La pirotecnia vuelve a irrumpir en la vida diaria de Durango, pese a que su uso sí está regulado y sancionado, mientras que su venta permanece en la práctica sin control real.
Una investigación de Contacto Hoy revela que, aunque las autoridades municipales sí tienen tabuladores de multas para quienes utilicen fuegos artificiales o explosivos sin permiso, no existe el mismo rigor para supervisar y sancionar su venta, que continúa ocurriendo incluso en zonas donde está expresamente prohibida.
Multas para quien use pirotecnia sin permiso: de 10 mil a más de 40 mil pesos
De acuerdo con el Reglamento Municipal de Seguridad y Protección Civil, el uso de pirotecnia sin autorización puede derivar en sanciones por:
De 100 a 400 UMAs, equivalente a 10,374 a 41,496 pesos. Además, aseguramiento del material. En caso de reincidencia o uso en zonas escolares o habitacionales, la sanción puede aumentar.
Es decir, cualquier ciudadano sorprendido tronando cohetes —desde palomas hasta artefactos de alto impacto— podría enfrentar una multa más alta que la de varios delitos menores.
Pero la realidad muestra otra cosa: la mayoría de los infractores no son detectados. Las autoridades admiten, año con año, que “es imposible vigilar todas las colonias”.
La venta: un desorden que nadie frena
Mientras el uso está sancionado, la venta permanece fuera de control, aun cuando la ley también la regula.
La norma establece que no se debe vender pirotecnia cerca de unidades habitacionales, escuelas, hospitales, mercados o zonas de alta concentración de personas.
Sin embargo:
A unos metros del Multifamiliar del Centro, se instala año con año el mercado temporal donde se vende pirotecnia libremente. Tianguis en colonias como El Refugio, PRI, Las Huertas o Gómez Palacio se colocan rodeados de viviendas, pese a la prohibición expresa. En varios casos, los vendedores no cuentan con permisos visibles, ni las medidas básicas como extintores, mallas de contención o controles de inventario.
La pregunta obligada es: ¿quién regula realmente estas ventas?
Protección Civil municipal se deslinda alegando que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) otorga los permisos para la comercialización.
Pero SEDENA a su vez aclara que la vigilancia del comercio en vía pública corresponde al municipio.
Es decir: una responsabilidad que se diluye entre dependencias y termina por no asumir nadie.
