A pocos días de haberse realizado la marcha del 8 de marzo en Durango, comienzan a surgir cuestionamientos sobre la organización del movimiento feminista en la entidad, luego de que en redes sociales y entre participantes de la movilización se difundieran señalamientos sobre posibles vínculos entre algunas coordinadoras y actores políticos.
De acuerdo con versiones que han comenzado a circular públicamente, algunas de las organizadoras del contingente han sido captadas en reuniones con funcionarios del gobierno estatal, entre ellos el secretario general de Gobierno, lo que ha generado debate entre quienes participaron en la marcha y quienes observan el movimiento desde fuera.
Entre los señalamientos también se menciona que una de las coordinadoras es diputada, mientras que otras integrantes habrían sido registradas recientemente como trabajadoras dentro de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), con percepciones que —según versiones difundidas en redes— alcanzarían hasta 45 mil pesos mensuales.
Las dudas crecieron aún más luego de que se viralizara el video de Gaby Campillo, una joven que acudió a la movilización del 8M y que posteriormente expresó públicamente las razones por las que decidió distanciarse del movimiento.
En su testimonio, Campillo señala que durante la organización de la marcha les indicaban qué acciones realizar, además de que durante el evento se repartieron flores sin que quedara claro quién financió el material.
La joven también relató que al finalizar la movilización intentó solicitar el micrófono para expresar su postura, pero asegura que no le fue permitido hablar, situación que —según dijo— la llevó a cuestionar la autenticidad del movimiento en Durango.
“Pensé que era un movimiento libre, pero al final sentí que todo estaba controlado”, expresó en el video que comenzó a circular en redes sociales.
A estos señalamientos se suman versiones que apuntan a que integrantes de la colectiva “La Tribu”, señalada como una de las agrupaciones que coordinan la marcha feminista en Durango, habrían sostenido encuentros con autoridades para gestionar apoyos o subsidios.
Hasta el momento ninguna de las personas mencionadas ha emitido una postura oficial sobre estos señalamientos.
El tema ha abierto un intenso debate en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionan la posible politización del movimiento, mientras otros defienden la legitimidad de las causas que motivaron la movilización del 8M.
