- Tenían instalaciones deficientes y no contaban con seguro social
Lo ocurrido el pasado 7 de enero en un restaurante de gorditas ubicado justo frente a la Plaza IV Centenario fue un accidente evitable, la consecuencia de una cadena de omisiones, falta de supervisión y abandono laboral que hoy tiene a varias familias sumidas en la angustia.
La explosión dejó a empleadas y cocineras severamente lesionadas. Una de ella falleció ayer por la tarde y hasta el momento, dos mujeres permanecen en estado grave: Una de ellas es atendida en el Hospital General 450 y una más en el Hospital No. 1 del IMSS. El estado de salud de ambas es delicado y requieren atención constante, especializada y con curaciones frecuentes, medicamentos especializados y tratamientos prolongados.
Familiares de las víctimas denuncian que las trabajadoras están prácticamente desamparadas, pues aseguran que no contaban con seguridad social, prestaciones ni contratos formales, pese a que llevaban tiempo laborando en el establecimiento. Hoy, además del dolor físico, enfrentan la incertidumbre económica; no hay quién cubra medicamentos, terapias ni gastos derivados de la hospitalización.
De acuerdo con los testimonios de familiares de las víctimas, durante el tiempo que trabajaron en el negocio no recibieron mejores salarios ni acceso a servicios médicos, lo que exhibe una realidad frecuente en el sector de alimentos; jornadas en condiciones precarias y cero protección para quienes sostienen estos negocios desde la cocina.
Las familias señalan directamente falta de orden y de medidas de seguridad en el establecimiento como una de las causas principales de la explosión. Cuestionan si existían revisiones, dictámenes técnicos, inspecciones de Protección Civil o alguna autoridad que verificara que el lugar operaba en condiciones seguras para trabajadoras y clientes.
Entre las afectadas se encuentran María Montiel y María del Carmen Rivas Sepúlveda, esta última reportada como la más grave. Sus nombres hoy representan a muchas otras trabajadoras invisibles que, cuando ocurre una tragedia, quedan fuera del sistema y sin respaldo alguno.
Las familias exigen justicia, atención inmediata y la intervención de las autoridades correspondientes, no solo para deslindar responsabilidades, sino para evitar que hechos como este se repitan. Señalan que no se puede seguir permitiendo que negocios operen sin controles mínimos, mientras quienes trabajan ahí pagan las consecuencias con su salud y su vida.
