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miércoles, diciembre 3, 2025

Extorsión, las pérdidas millonarias y freno en el crecimiento empresarial: COPARMEX

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Durango, Dgo

La reciente aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión llega tarde, pero llega. Así lo planteó el presidente local de Coparmex, Francisco Esparza Martell, al advertir que este delito se ha convertido en una de las amenazas más serias para la operación diaria de las empresas y la estabilidad económica del país.

Aunque la extorsión suele esconderse tras la llamada “cifra negra” —esa que muy pocos denuncian por miedo o porque no confían en las autoridades—, los datos oficiales muestran un panorama alarmante: cada día más de 31 personas presentan una denuncia por extorsión, y solo en 2024, el impacto económico nacional superó los 21 mil millones de pesos. Ese cálculo considera únicamente lo reportado por víctimas directas y no distingue por sector, lo cual significa que el daño real podría ser muy superior.

En el caso de Coparmex, el escenario no es menor: el 12.8 por ciento de sus empresas afiliadas reconocen haber sido víctimas de algún tipo de extorsión. La modalidad más frecuente sigue siendo la llamada telefónica, presente en más del 70 por ciento de los casos. Según Esparza Martell, esta situación no solo afecta el flujo financiero de los negocios, sino que condiciona decisiones clave como expansión, inversión e incluso permanencia en el mercado.

La percepción de riesgo es tan elevada que casi la mitad de los socios considera que la inseguridad es el principal freno para el desarrollo empresarial. En un contexto donde cada peso invertido se piensa dos veces, la extorsión opera como un impuesto criminal que asfixia a comercios, transportistas y, sobre todo, a las micro y pequeñas empresas.

El dirigente empresarial subrayó que, frente a un delito que avanza con sofisticación y rapidez, México necesitaba urgentemente un marco jurídico uniforme y capaz de cerrarle el paso. Sin embargo, advirtió que la legislación será insuficiente si no se acompaña de acciones institucionales coordinadas, transparencia en los procesos y resultados medibles que devuelvan confianza a quienes hoy operan bajo amenaza constante.

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