Francisco I. Madero, Dgo.
Un nuevo conflicto legal ocurre en el rancho “Viborillas”, muy cerca de Francisco I. Madero, Dgo., donde resoluciones judiciales que, en la práctica, parecen quedarse en el papel y ser ignoradas.
El caso, vinculado al expediente 738/2025 por el juicio de amparo 171/26, promovido por Laura Muñoz “N” y radicado en el Juzgado Tercero de Distrito en Durango, Dgo, exhibe un escenario que hoy genera dudas sobre el respeto al Estado de derecho.
De acuerdo con la información legal del expediente, la suspensión ordena que, dentro del juicio, se apliquen medidas de conservación de la nuez mientras se resuelve el fondo de un litigio de propiedad.
Incluso, se estableció que cualquier disposición del producto (nuez) debía realizarse únicamente con el acuerdo de todas las partes involucradas y del interventor designado, quien ingresaría al lugar hasta que se efectuara el emplazamiento correspondiente en el juicio civil de origen.
Sin embargo, la situación en campo hoy es distinta y dista de lo que marcan los acuerdos judiciales sobre el litigio de propiedad. Según la denuncia, en la huerta Viborillas se reportó la presencia de más de cinco tráileres, elementos de seguridad pública y personas armadas con la intención de retirar la nuez, pese a que aún no se realiza el procedimiento de emplazamiento.
A este medio de comunicación acudió una de las partes afectadas para solicitar la intervención periodística y dejar constancia de los hechos; sin embargo, al llegar se nos prohibió el ingreso, por lo que no fue posible documentar de manera directa lo que ocurre al interior del rancho.
El señalamiento es grave: se acusa una posible violación a la suspensión del acto reclamado, una de las figuras más importantes del juicio de amparo, cuyo objetivo es evitar daños irreparables mientras la autoridad federal resuelve el conflicto.
La controversia también se centra en la propiedad del producto. Se sostiene que la nuez pertenece a la empresa CALAJAMI, de la cual Muñoz González es socia, y no a los condueños del inmueble donde se encuentra almacenada, lo que complica aún más el escenario legal y patrimonial.
Este caso no solo es un pleito entre particulares; también una empresa encargada de la recolección y venta de nuez se ve afectada de manera indirecta. Además, surgen dudas sobre el actuar de las autoridades: ¿qué ocurre cuando una resolución federal aparentemente no se cumple en los hechos? ¿Quién garantiza que la suspensión se respete cuando hay presencia de fuerza pública?
El episodio evidencia posibles irregularidades y exige que las autoridades competentes revisen lo ocurrido y definan responsabilidades, ya que, de confirmarse la violación, se trataría de un precedente delicado sobre el uso de la fuerza en medio de un proceso judicial en curso.
Hoy, más allá de la disputa por un producto agrícola, lo que está en juego es la confianza en los mecanismos de protección constitucional y la certeza jurídica para las partes involucradas.
