Durango, Dgo
El tiempo se agota, el próximo 15 de diciembre vence el plazo que el Tribunal Colegiado otorgó al Congreso del Estado de Durango para cumplir con la sentencia que ordena despenalizar el aborto, un mandato que mantiene al Poder Legislativo bajo fuerte presión política, social y jurídica.
En medio del escenario, la diputada de Morena Sandra Amaya Rosales aclaró que, asegura, ha sido tergiversado en el debate público:
“Despenalizar no significa permitir la interrupción del embarazo. Lo que corresponde es derogar los artículos del Código Penal que castigan esta práctica, tal y como lo estableció el Tribunal.”
Según la legisladora, el Congreso está obligado únicamente a retirar las sanciones penales, no a legislar sobre un sistema de acceso, protocolos médicos o plazos específicos. La sentencia, recordó, no ordena aprobar una ley de aborto, sino eliminar las disposiciones punitivas que actualmente criminalizan a mujeres y personal de salud.
El fallo del Tribunal Colegiado surgió tras un juicio en el que se determinó que las normas penales de Durango violan precedentes constitucionales y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello, el Congreso debe armonizar la legislación estatal.
De no hacerlo, advirtieron especialistas consultados por Contacto Hoy, el Poder Judicial podría emitir medidas de ejecución que incluso limiten la autonomía legislativa.
Mientras grupos conservadores piden que el Congreso “defienda la vida desde la concepción”, organizaciones feministas exigen que la despenalización se cumpla sin dilaciones. En el centro del debate permanecen las diputadas y diputados, que tendrán que definir en los próximos días la vía legislativa para atender el mandato federal.
Con menos de dos semanas para cumplir, la Legislatura se encuentra ante una decisión histórica: corregir el marco penal o enfrentar consecuencias judiciales por desacato.
Lo cierto es que el tema volverá a encender el debate social en Durango, mientras la ciudadanía observa de cerca cómo se resuelve un asunto que ha marcado la agenda pública del 2025.
