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Los reportes trimestrales del INEGI colocan a Durango entre los estados con mayor pérdida de empleos remunerados, la lectura fina de las cifras revela un problema profundo: un mercado laboral estancado, con empleos insuficientemente remunerados, una informalidad persistente y una economía que no ha logrado consolidar crecimiento real en más de una década.

En el segundo trimestre del año, Durango reportó 861 mil personas ocupadas, un aumento de 31 mil respecto al mismo periodo de 2024. En apariencia, es una buena noticia. Sin embargo, especialistas advierten que este incremento no necesariamente refleja empleos de calidad, sino movimientos dentro de la informalidad, el subempleo o posiciones con ingresos insuficientes.

La informalidad laboral en Durango alcanzó 51.2%, lo que significa que uno de cada dos trabajadores carece de prestaciones, seguridad social o estabilidad, una condición que limita el desarrollo económico del estado y precariza la vida de miles de familias. A ello se suma la baja tasa de productividad, que ha mantenido a la entidad entre las economías que menos crecen en el norte del país.

Aunque la tasa de desocupación se ubicó en 2.7%, este número tampoco refleja la realidad completa. Durango registra una alta proporción de personas que aceptan labores mal pagadas o temporales ante la falta de alternativas, así como un crecimiento de la población disponible que dejó de buscar empleo porque simplemente no lo encuentra.

A nivel nacional, Durango tampoco destaca como un polo de generación de empleo formal. Los retrocesos ocasionales —como la pérdida de 300 plazas formales en agosto—, si bien no determinan un trimestre, sí evidencian la fragilidad del mercado laboral local y la dependencia de sectores que no han logrado consolidar cadenas productivas sólidas.

El contraste entre las cifras “positivas” y la percepción ciudadana no es casual. El aumento en ocupación convive con salarios bajos, falta de oportunidades profesionales y un lento avance industrial. Mientras tanto, miles de jóvenes migran, profesionistas trabajan en oficios ajenos a su formación y microempresas operan con márgenes cada vez más estrechos.

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Durango enfrenta uno de los finales de año más tensos para su sector pecuario en la última década. A la incertidumbre del mercado se suma la activación reforzada del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (Dinesa), luego de que autoridades federales confirmaran un nuevo caso del gusano barrenador en Nuevo León, una plaga que pone en riesgo directo la producción ganadera del país.

Aunque Durango no registra brotes, el solo despliegue de protocolos sanitarios —que incluyen inspecciones, restricciones y controles más estrictos en el movimiento de animales— ha comenzado a resentirse en los bolsillos de los productores locales.

📉 Venta de ganado 40% por debajo del valor de exportación

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango (UGRD), Rogelio Soto Ochoa, advirtió que la situación económica del gremio se ha deteriorado drásticamente:

“Estamos vendiendo el ganado 40% más barato de lo que se paga al momento de exportar. Es un golpe muy fuerte para los productores, especialmente los pequeños”, señaló.

Este diferencial —que en temporadas normales se mantiene mucho más estable— ha provocado que muchas unidades pecuarias operen apenas para sostenerse, sin capacidad de inversión en suplementos, manejo de pasturas o mejoras genéticas.

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La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Durango volvió a encender las alarmas: el sector comercio llegará al incremento salarial de 2026 con una liquidez debilitada y sin certeza de cómo enfrentar el nuevo ajuste. Así lo señaló su presidente, Sergio Sánchez López, quien reconoció que las empresas locales no han logrado recuperarse del bajo flujo de efectivo que arrastraron durante todo el 2025.

El dirigente explicó que, aunque las ventas decembrinas podrían dar un respiro, “la realidad es que el panorama sigue siendo complicado”, sobre todo porque en el horizonte ya aparece otro reto: la reducción paulatina de la jornada laboral a partir de enero de 2027, una medida que, aunque gradual, implicará nuevos costos operativos para los negocios.

Sánchez López subrayó que el empresariado observa el 2026 con cautela. Además del alza al salario mínimo, recordó que la renegociación del T-MEC mantiene en incertidumbre a varios sectores, pues el acuerdo podría extenderse con prórrogas de 90 días, retrasando definiciones clave para la actividad económica.

Aun así, confió en que el próximo año haya mayor circulación de recursos a nivel local, permitiendo a los comercios enfrentar los nuevos compromisos laborales sin poner en riesgo su estabilidad.

“Esperamos que lleguen condiciones que fortalezcan la productividad y alivien la carga de las empresas”, concluyó el líder empresarial.

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A partir del 10 de diciembre y hasta el 6 de enero, las autoridades municipales implementarán el operativo decembrino con una modalidad particular: no habrá sanciones económicas ni arrestos para quienes sean sorprendidos manejando bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con lo informado por el titular de la corporación, Marco Contreras Villanueva, el enfoque será preventivo y no recaudatorio, privilegiando la seguridad vial en una temporada en la que históricamente aumentan los accidentes relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas.

Contreras detalló que, al igual que en años anteriores, los conductores retirados del volante no serán trasladados a celdas, sino que se aplicará un protocolo que permite llamar a un familiar con licencia vigente para que acuda al punto de revisión y se haga cargo del vehículo y del conductor, asegurando así que regrese a casa sin riesgos.

El operativo será permanente durante las fiestas decembrinas, con filtros móviles y puntos estratégicos en zonas de mayor afluencia. Aunque no habrá multas, las autoridades recordaron que la medida no significa permisividad, sino un esfuerzo para evitar tragedias durante una de las temporadas más celebradas del año.

El llamado final para la ciudadanía es claro: disfrutar las fiestas, pero no combinar alcohol y volante.

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En un intento por dar certidumbre al sector agrícola de Guadalupe Victoria, Pánuco de Coronado, Poanas, Súchil, Cuencamé y Vicente Guerrero —regiones que durante semanas manifestaron preocupación por la falta de definición en los esquemas de comercialización— finalmente se alcanzó un acuerdo que fija metas concretas de acopio de granos.

De acuerdo con la minuta firmada, antes de que concluya el año deberán acopiarse entre 10 mil y 15 mil toneladas de frijol, un volumen que permitirá comenzar a despresurizar el mercado local y dar salida a la cosecha recién levantada. Para el maíz, el compromiso fue reunir 8 mil toneladas durante enero de 2026, con la posibilidad de ajustar la cifra conforme avance el proceso.

Las partes acordaron volver a reunirse al inicio del próximo año para revisar avances, evaluar si las metas se están cumpliendo y, de ser posible, incrementar el volumen hacia las 27 mil toneladas de frijol originalmente planteadas, siempre que las condiciones operativas y financieras lo permitan.

Otro punto relevante fue la definición sobre el frijol de la cosecha anterior, almacenado en al menos cuatro centros de acopio. Ese producto será movilizado en los próximos días, y las autoridades se comprometieron a gestionar la participación de empresas comercializadoras para facilitar su salida al mercado y evitar mayores rezagos.

Aunque los acuerdos representan un avance, los productores mantienen reservas: exigen que los compromisos se cumplan en tiempo y forma para evitar que el ciclo agrícola se complique aún más y que los precios sigan presionados por la falta de flujo y certidumbre.

• “Que ninguna persona quede excluida por vivir lejos de la ciudad”, consideró.

“Se debe garantizar la accesibilidad universal, la igualdad de oportunidades y la inclusión plena de todas las personas, especialmente en las comunidades rurales, para que ninguna persona quede excluida por vivir lejos de la ciudad”, consideró el diputado Cesar Rivas B. Nevárez.

Al realizar un pronunciamiento, el legislador recordó que, de acuerdo con el INEGI, en México viven 9.5 millones de personas con discapacidad, lo que representa el 7.3 % de la población y cerca de la mitad son adultos mayores. Además, 27 de cada 100 personas con discapacidad residen en zonas rurales, donde el acceso a transporte, salud, educación y empleo es mucho más limitado, lo que incrementa las barreras en la vida cotidiana de miles de familias.

“Trabajamos para que las leyes estatales reconozcan la obligación real de garantizar igualdad de condiciones para quienes viven con discapacidad en el medio rural; para promover su inclusión educativa y laboral; y para que los programas sociales sean efectivos y accesibles donde más se requieren”, aseguró.

Agregó que, en Durango, la tasa de población con discapacidad asciende a 5.9 %, lo que representa a miles de ciudadanos en comunidades pequeñas y alejadas, donde la falta de infraestructura adecuada y de apoyos suficientes dificulta su desarrollo y su derecho a vivir con dignidad.

“La vida se complica cuando no hay accesibilidad, ni oportunidades, ni servicios que lleguen a donde más se necesitan”, señaló Rivas Nevárez.

En este sentido, afirmó que desde Acción Nacional ha impulsado una agenda para garantizar la accesibilidad universal tanto en zonas urbanas como rurales, mediante la adaptación de caminos, espacios públicos, transporte y servicios de salud, a fin de que ninguna persona quede excluida por vivir lejos de la ciudad.

Rivas Nevárez subrayó que esta agenda no debe quedarse en buenas intenciones, sino traducirse en acciones concretas: rampas, transporte accesible, escuelas adaptadas, infraestructura segura y programas que representen esperanza y futuro en cada rincón del estado.

“Este 3 de diciembre recordamos que la discapacidad no es un límite, sino una responsabilidad compartida que exige compromiso, empatía y sentido humano”, concluyó.

En su participación en dos presentaciones durante la Feria Internacional de Libro (FIL) de Guadalajara 2025, la magistrada de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Claudia Valle Aguilasocho afirmó que es indispensable para construir una justicia que realmente cambie vidas, reconocer la fuerza de los pueblos y de los grupos sociales que enfrentan desigualdades.

Al presentar el libro intitulado Casos relevantes de la Defensoría Pública Electoral, sostuvo que la obra retrata desigualdades que han marcado por generaciones a muchas comunidades y muestra cómo la justicia se vuelve una red de apoyo cuando las instituciones escuchan y acompañan. Subrayó que la defensa de derechos solo cobra sentido cuando parte de la realidad de las personas.

Recordó que la Defensoría Pública Electoral del TEPJF nació hace casi 10 años para que pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, migrantes, adultas mayores y quienes enfrentan discriminación pudieran hacer valer derechos históricamente negados.

Los casos del libro evidencian que una sentencia puede significar la diferencia entre arbitrariedad o dignidad, afirmó. Por ello, invitó a leer la obra reconociendo la vida detrás de cada expediente y el impacto concreto de una institución que decidió estar del lado de las personas.

Para explicar por qué la justicia debe mirar los contextos, compartió un caso que conoció en sus primeros años: en una comunidad de Baja California, un hombre fue encarcelado por poseer un arma inservible que recibió en prenda para saldar una deuda de alimentos. La pobreza y la rigidez de la ley lo habían puesto en riesgo, hasta que una defensa sensible permitió abreviar el juicio y devolverlo a su comunidad.

La magistrada Claudia Valle señaló que estos episodios recuerdan que la justicia puede ser la diferencia entre la dignidad y la injusticia, y que la empatía institucional debe sostenerla siempre.

En la presentación de otra obra, Participación política en el Estado democrático. Sentencia SX-JDC-6890/2022, la magistrada Claudia Valle recuperó el caso de una mujer adulta mayor que no pudo obtener su credencial para votar porque no cumplía un requisito que le era imposible acreditar: presentar un testigo para confirmar su identidad, debido a su registro extemporáneo. “El primer derecho que tenemos que garantizar es el derecho a tener derechos y a acceder a la justicia para reclamarlos”, afirmó.

Explicó que la sentencia muestra cómo una resolución judicial puede transformar la vida de una persona cuando la autoridad aplica las herramientas del derecho constitucional y de los derechos humanos para eliminar barreras injustas.

Subrayó que ese es el propósito de la judicatura electoral: proteger a quienes enfrentan obstáculos que les impiden ejercer plenamente su ciudadanía.

La magistrada Valle Aguilasocho reconoció también el compromiso del TEPJF por producir obra jurídica que fortalecen el entendimiento de los derechos político-electorales.

La obra fue comentada por la magistrada de la Sala Regional Xalapa Eva Barrientos Zepeda; el autor de esta, César Garay Garduño, y Salvador Herrera Pretelín, quienes coincidieron en que este caso demuestra que no puede hablarse de democracia donde persisten prácticas discriminatorias y que la labor del TEPJF es esencial para acompañar a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En el marco del mes naranja y la campaña “Únete, 16 días de activismo”, dedicada a promover la conciencia y sensibilización sobre la violencia de género, el Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Juárez del Estado de Durango (CCH-UJED) realizó una actividad significativa coordinada con el programa Universidad Saludable, mediante la conferencia impartida por la Lic. Ana María Serrano, del Instituto de la Mujer del Estado de Durango.

La conferencia, efectuada en el auditorio del CCH-UJED, reunió a estudiantes de primero y quinto semestre, quienes reflexionaron sobre las distintas manifestaciones de la violencia —psicológica, digital, simbólica y sexual—, así como sobre aquellas conductas normalizadas socialmente que suelen pasar inadvertidas.

La directora del CCH-UJED, Dra. Sara Beatriz Gamero López, destacó la importancia de abordar estos temas con sensibilidad y apertura en el entorno educativo, al ser la adolescencia una etapa crucial para el desarrollo de la conciencia social, la empatía y el respeto entre géneros.

“En el CCH-UJED buscamos que nuestros estudiantes crezcan en entornos libres de violencia, donde prevalezcan el respeto y la igualdad. Promover la reflexión y el diálogo sobre la violencia de género contribuye a una formación humana integral”, señaló.

Por su parte, la Dra. Gabriela Rodríguez Ramírez, encargada del programa Universidad Saludable, explicó que la conferencia tuvo como propósito visibilizar las formas de violencia presentes en la vida cotidiana y que con frecuencia no son reconocidas.

“La intención fue que los jóvenes aprendieran a identificar comportamientos que vulneran la dignidad o el respeto de las personas, incluso aquellos que parecen inofensivos. Este tipo de actividades favorecen una convivencia sana y una mejor salud mental”, comentó.

Durante la charla, los estudiantes participaron en dinámicas que fomentaron la reflexión sobre el consentimiento, el respeto y los límites personales. Una de las más destacadas consistió en analizar señales verbales y no verbales durante una interacción cotidiana, como una invitación a tomar un café, para reconocer actitudes que pueden derivar en incomodidad o presión social.

La Dra. Rodríguez Ramírez añadió que el programa Universidad Saludable mantiene actividades constantes alineadas al calendario de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el fin de promover el bienestar físico y mental de la comunidad estudiantil.

Entre las próximas acciones, mencionó la campaña de vacunación contra influenza y COVID-19; la aplicación de medidas antropométricas; la entrega de insumos de salud (como cepillos dentales, desparasitantes y condones); y revisiones médicas preventivas que fortalecen la cultura del autocuidado.

La directora del Colegio, Sara Beatriz Gamero López, reafirmó por su parte el compromiso del CCH-UJED de continuar impulsando actividades que promuevan la igualdad de género, la salud integral y la convivencia respetuosa, en sintonía con la visión humanista de la Universidad Juárez del Estado de Durango.