Es prioritario articular esfuerzos y competencias institucionales para crear una política pública nacional en materia de ciberseguridad, planteó Josefina Román Vergara, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“Hay varias instituciones públicas nacionales y estatales que tenemos que ver con la protección de datos personales: el IFT, la Cofece, la Guardia Nacional, la Fiscalía General. Me parece que ha llegado el momento de no hacer legislaciones aisladas y política nacional en cada institución pública por su cuenta”, subrayó la comisionada del INAI.

Al participar en el 2° Foro Internacional de Transparencia y Periodismo: La Transparencia, el DAI y el Periodismo frente a la realidad digital actual: Retos y Perspectivas, convocado por el órgano garante de la Ciudad de México, Román Vergara sugirió la implementación de un sistema nacional en materia de ciberseguridad, que agrupe los esfuerzos del INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante su intervención en la mesa “Violencia digital y ciberdelitos, ¿cómo impacta en el ejercicio periodístico?”, Román Vergara también señaló actualizar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) acorde con los requerimientos del entorno digital, en el que existen empresas internacionales que llevan a cabo el tratamiento masivo de datos personales.

“Es una ley que ya tiene muchos años y que requiere de actualización por estas grandes empresas internacionales a las que en México no se les ha podido llamar a cuenta, cuando en otros países han sido ya inclusive multadas”, apuntó.

Roberto Rock Lechón, director General Adjunto en El Universal, enfatizó que la sociedad debe presionar a los políticos y las instituciones, “es una tarea de todos, de la sociedad en su conjunto y el llamado de acercarnos entre órganos de transparencia y los medios, para construir ciudadanía, para socializar el derecho, que sigue siendo especialmente en algunas regiones del país un fenómeno marginal”.

Elías Huerta, presidente y director General de la Revista “Foro Jurídico”, llamó a generar conciencia sobre la proliferación de los ciberdelitos. Invitó “a todos los comunicadores y a los órganos garantes de transparencia para que cada vez se detecten ataques contra las instituciones democráticas y republicanas, así como los principios en los que se sustenta el Estado de Derecho, no nos quedemos callados, que a través de nuestras plataformas lo denunciemos”.

Tobyanne Ledesma Rivera, Titular del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la CDMX, afirmó que el ejercicio de la libertad de expresión es una responsabilidad compartida entre la sociedad y las instituciones, “sobre todo a nivel local donde deben seguirse compartiendo las experiencias con otras entidades federativas, para fortalecer los mecanismos locales”.

La transformación del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) asegura la prestación de servicios escolares a niños, niñas y adolescentes en zonas de alta y muy alta marginación, con equidad educativa e inclusión social, bajo el modelo de Educación Comunitaria.

Con las modificaciones al estatuto orgánico del consejo, publicado el 16 de agosto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) https://bit.ly/3U7uGzx, se fortalece a las localidades y se impulsa la autogestión y la autosuficiencia con acompañamiento pedagógico permanente para reducir el abandono de los servicios educativos.

Al encabezar la ceremonia conmemorativa por los 51 años del Conafe, su director general, Gabriel Cámara Cervera, subrayó que la transformación educativa y del entorno solo puede realizarse en conjunto, a partir del diálogo y del interés de las comunidades por adquirir nuevos conocimientos.

“El nuevo Estatuto Orgánico del Conafe pone en el centro a la comunidad; reconoce y revalora los saberes locales e impulsa la participación de las Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria”, destacó.

Cámara Cervera afirmó que el avance que hoy registra la institución surge de la tradición de aprender personalmente y del interés del aprendiz por acceder a una mejor calidad de vida.

La directora de Educación Comunitaria para el Bienestar del Conafe, Pilar Farrés González Saravia, señaló que, con base en el nuevo estatuto, las y los educadores que apoyan a las comunidades podrán estudiar al mismo tiempo, lo que les permite recibir tanto el apoyo económico por su labor, como una beca para continuar su formación profesional.

Indicó que la Asociación Promotora de Educación Comunitaria (APEC) tendrá mayor injerencia en la educación de sus hijos, pues estarán en posibilidad de proponer a sus propios educadores comunitarios, así como los temas de aprendizaje relacionados con los saberes locales, con el propósito de generar mayor impacto en su localidad.

Farrés González Saravia destacó que gracias a las modificaciones en las reglas de operación del programa La Escuela es Nuestra (LEN) los inmuebles del consejo serán beneficiados con recursos para mejorar infraestructura y equipamiento.

En el ciclo escolar 2022-2023, el Conafe brinda atención a 575 mil 036 niñas, niños y adolescentes en 56 mil 228 servicios educativos, ubicados en 34 mil 489 localidades de dos mil 159 municipios de del país.

Ofrece servicios de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria gracias al servicio social de 55 mil 221 educadores y educadoras comunitarias.

Con el objetivo de dar a conocer los servicios y el esquema de apoyo empresarial con el que cuenta el Centro de Innovación Tecnológica (CIT) del Instituto Tecnológico de Durango (ITD) se recibió la visita de la directiva de la Cámara Nacional de la Industria de la Panificación (Canainpa).

Isela Flores Montenegro, directora del Tecnológico, dio la bienvenida a Guillermo Flores Gómez, presidente de la Canainpa, quien agradeció la invitación a dicha reunión que busca fortalecer a las empresas locales del sector alimenticio con el apoyo de la actividad académica y la generación de tecnología que ofrece el ITD.

El evento además contó con la presencia de la coordinadora del Centro de Innovación Tecnológica del ITD, Maricela Guerra Franco; así como de Alfredo Herrera Deras, presidente del Patronato Promotor del Desarrollo del ITD.

Esta visita estableció un posible panorama de colaboración donde la institución podrá aportar activamente la tecnología disponible para generación de nuevos proyectos dentro del ramo panificador, fortaleciendo la solidez que la Canainpa tiene y sirviendo además de invitación para otras corporaciones que deseen conocer la oferta tecnológica del CIT.

A unos días de la contingencia por el huracán Kay en el municipio de Canatlán, el pueblo aún se encuentra devastado, “no por que haya salido el sol quiere decir que ya se acabó la desgracia, la gente sigue ocupando ayuda”, indicó el presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango (UGRD) Rogelio Soto Ochoa.

El dirigente ganadero acudió a entregar 150 despensas a la presidencia municipal de Canatlán para que a su vez las haga llegar a población, además entregó apoyos de rescate para los ganaderos que resultaron damnificados.

Los socios de la UGRD solidarios reunieron víveres y formaron despensas para ayudar a quienes resultaron afectados por esta histórica lluvia que dejó a su paso desgracia, misma que aún se puede percibir en el municipio. “Hicimos un recorrido en las calles y periferia de Canatlán y es lamentable ver cómo quedaron pérdidas; colchones, muebles, salas y demás enseres están afuera de las casas, destruidos, la gente se quedó sin su patrimonio”.

En el caso de los ganaderos que resultaron afectados se entregaron ayudas urgentes, pero se está haciendo una evaluación profunda para continuar con el apoyo.

La entrega de las despensas se hizo directamente a la alcaldesa de Canatlán, Ángela Rojas, quien reconoció que la situación en el municipio es difícil y aún se requiere apoyo.

Para terminar el presidente de la UGRD hizo un llamado a los duranguenses para que no abandonen a los canatlenses que ahora necesitan de la hermandad de su estado.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) promueve la justicia social en el acceso a la vivienda brindando facilidades de pago a sus acreditados, implementando la baja de las tasas de interés de sus financiamientos y promoviendo la conversión de créditos que fueron otorgados en Veces Salario Mínimo a pesos gracias al programa Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida, a fin de dar mayor seguridad jurídica a las familias sobre su patrimonio.

Adicionalmente, desde el inicio de la presente administración, el Infonavit suspendió los llamados juicios masivos y los desalojos, con los que se despojó de sus viviendas a miles de personas acreditadas, en distintas entidades del país, que tenían dificultades de pago.

Así lo informó el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, durante su participación en el sexto foro, “Hacia la Construcción del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Retos y Análisis”, organizado por el Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana de la Cámara de Diputados, donde se abordaron temas relacionados con los juicios hipotecarios.

El titular del Instituto agregó que para darle mayor seguridad a las familias es necesario humanizar los juicios hipotecarios, poniendo en el centro a las personas, no a las entidades financieras, y fortalecer los mecanismos de resolución de conflictos que sean benéficos para las y los trabajadores, siempre teniendo en mente que la casa constituye el principal patrimonio cientos de miles de familias en México.

Además, propuso la creación de juzgados especializados en materia hipotecaria; transitar hacia un esquema de juicio civil ordinario para dar celeridad a los procesos; y brindar asesoría jurídica eficaz y gratuita por parte del Estado a quienes la requieran, ya que en la mayoría de los casos los deudores del Infonavit son personas con recursos económicos moderados.

“Proponemos que el juicio hipotecario esté en un juzgado especializado, para que los juzgadores tengan la sensibilidad sobre lo que significan la parte patrimonial para el acreditado y considere todas las asimetrías que hay entre las personas y las instituciones en el momento de tomar una decisión”, agregó.

Adicionalmente, Carlos Martínez destacó que el Instituto implementó una política de Cobranza Social que ha beneficiado a más de 3 millones 319 mil acreditados con prórrogas y reestructuras en el pago de su hipoteca, tomando en cuenta su contexto laboral económico para no poner en riesgo su economía de familiar.

En el primer balance de afectaciones por lluvias en el estado de Durango se han identificado hasta 700 hectáreas de cultivos de frijol afectadas por las recientes lluvias, informó el presidente de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR) Luis Caballero Ruiz.

El entrevistado indicó que después de meses de sequía en donde el extremo calor y la falta de agua estaba impactando al sector agrícola, ahora se tuvo un exceso de humedad en diversos cultivos, lo que preocupa a los productores ante la posibilidad de presentar pérdidas de consideración.

En el tema del frijol el daño levantado hasta el momento por autoridades federales es de 700 hectáreas, pero este no ha concluido ya que se prevén todavía precipitaciones para el siguiente fin de semana, por lo que el daño podría alcanzar las mil hectáreas de mil 500 que se sembraron.

Caballero Ruiz enfatizó que la situación ya era complicada pues, con la sequía, se dejó de sembrar alrededor de mil hectáreas de frijol que se acostumbraba trabajar en la zona de Cuencamé y Guadalupe Victoria, por lo que tener esta cantidad en pérdida pondría en riesgo la sustentabilidad del campo.

En cuanto a las hortalizas, si bien no hay pérdidas sí existe el temor que la sobre humedad repercuta en la calidad de los cultivos y que, a la hora de la cosecha, se compruebe que sí hubo daño; “son cultivos que necesitan mucha agua, pero cuando esta es en exceso también suelen afectarse”, dijo.

Se espera que en la tercera sesión ordinaria del actual periodo de la Legislatura local se aborde el tema del matrimonio igualitario ante el pleno, no solamente porque así lo dictaminó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también porque se trata de un asunto que lleva 10 años en discusión, sin resolverse, puntualizó la diputada Marisol Carrillo.

La legisladora informó que se reunirán las comisiones de Justicia y la de Derechos Humanos para analizar ese tema y emitir un dictamen, aunque reconoció que aún no se le informa bien si se subirá este asunto en la siguiente sesión del Congreso, para señalar que aunque no se sabe en qué sentido será la votación, el mismo diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política dijo que se te trata de uno de los temas que ya tienen que salir, que se tienen que subir a la mesa y al pleno.

Insistió en que debe abordarse ya esta iniciativa, no solamente porque la Suprema Corte de Justicia así lo dictaminó en todo el país, en todas las entidades, “sino que ya es un tema que de veras lleva 10 años, es un tema de progreso, de derechos civiles, de derechos humanos”, dijo textualmente la legisladora, al señalar que aunque se pide que se cambie el término de matrimonio igualitario por unión legal, no está de acuerdo con este planteamiento.

Explicó que si se hace tal modificación, podrían llevarse otros 10 años para resolver sobre este asunto “porque es cambiar todo el código, es hacer muchas modificaciones, desde el tribunal, la justicia, no podemos estar retrocediendo, no puede haber más pretextos para no sacarlo, es un tema de derechos civiles, me he cansado de decirlo, son los derechos que ellas, ellos quieren, igual que el matrimonio heterosexual, es una institución; no se casarán en la iglesia, la iglesia y el estado están completamente separados, son derechos de patrimonio, de salud, de seguridad, para bajar situaciones homofóbicas, sobre todo crímenes de odio”, señaló la legisladora.

Puntualizó que la postura del diputado del PRD, Londres Botello, que pide cambiar el tema a unión, es poner una traba, por lo cual pidió no hacerle modificaciones en este sentido, porque significa un retroceso que puede llevar años modificarlo.