Ciudad de México, 10 ago (EFE).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México otorgó este miércoles un amparo a familiares de dos personas que fueron detenidas por militares y policías locales en el centro de la ciudad de Oaxaca en mayo de 2007.

Además, señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las policías del Estado y del municipio de Oaxaca “son responsables de la desaparición forzada” de dos miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), cuyo paradero se desconoce desde el momento de su detención.

En un comunicado, la Primera Sala de la SCJN sostuvo que la desaparición forzada es una de las violaciones más graves a derechos humanos que somete a los familiares de la persona a actos equiparables a tortura y tratos crueles e inhumanos al desconocer el paradero y destino de su ser querido.

Reconoció que los familiares de personas desaparecidas “tienen el derecho a conocer las circunstancias de la desaparición y lo ocurrido con sus seres queridos”, además de saber quiénes fueron los responsables, a agotar todas las posibilidades para encontrarlos, a tener acceso a información que permita ese propósito y a medidas de reparación.

El amparo concedido a dos personas en su calidad de víctimas indirectas fue en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de la República (FGR).

Así como de diversas autoridades estatales y municipales de seguridad y procuración de justicia del estado de Oaxaca, por la desaparición forzada de dos familiares “y por la abstención de la agente ministerial de realizar las diligencias necesarias para investigar los hechos denunciados”.

En su sentencia, la Primera Sala deliberó que, al momento de analizar la desaparición forzada como violación a derechos humanos, la persona juzgadora de amparo “debe atender a un estándar de prueba atenuado que le permita analizar indicios y pruebas indirectas y testimoniales”.

Esto en relación con el contexto en el que ocurrieron los hechos, ya que la desaparición forzada se caracteriza “por la falta de pruebas directas”.

Por lo tanto, apuntó la SCJN, para tener por ciertos los actos reclamados en el juicio de amparo, en materia de desaparición forzada, “no es necesario que primero se haya acreditado la responsabilidad penal de los servidores públicos involucrados”.

Además, el Alto Tribunal determinó que, en casos de desaparición forzada, las autoridades de amparo pueden fijar medidas tendientes a lograr una reparación integral.

Esto, dada la naturaleza de estos actos, pues se trata de una de las más graves violaciones a los derechos humanos al vulnerar, entre otros, los derechos de libertad, integridad personal, identidad, vida y reconocimiento de la personalidad jurídica.

Con la decisión, la SCJN confirmó, por tres votos contra uno, la sentencia dictada en mayo de 2019 por una jueza federal, que declaró responsables a las autoridades mencionadas por desaparición forzada, privación de la libertad, ocultamiento de información sobre el paradero de los detenidos y violaciones múltiples a los derechos humanos. EFE

En un evento llamado: “Nuestra Riqueza: La Miel”, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos, indicó que en 2021 se produjeron más de 62.000 toneladas de miel, de las que el 51 % se destinó al mercado de exportación.

“Actualmente la miel mexicana goza de gran aceptación mundial por su aroma, sabor y calidad, lo que ubica al país como el noveno productor y el décimo exportador en el mundo”, subrayó Villalobos Arámbula.

Además, destacó que en 2020, las exportaciones mexicanas llegaron a 33 países, con un volumen de 27.725 toneladas y para 2021 se incrementaron un 16 % respecto al año anterior, al superar las 32.000 toneladas.

Recordó que Alemania, un país que se caracteriza por condicionar su compra al cumplimiento de altos estándares de calidad e inocuidad, importa entre el 40 y 50 % del total de la miel que México ofrece a otros países.

El funcionario reconoció el “trabajo constante” de las más de 43.000 familias apicultoras que se ubican en los 32 estados del país, con un inventario de más de 2 millones de colmenas.

Villalobos señaló que productos nativos como la miel, preservados por productores y familias mexicanas, fueron relegados por mucho tiempo y la actual administración contribuye a su reivindicación, con su justo lugar en nuestra memoria histórica y cultural.

También aseguró que la miel es uno de los alimentos con mayor historia y tradición en México y su uso y consumo se remonta a los pueblos prehispánicos.

Actualmente, México es hábitat de cerca de dos mil especies de abejas y su importancia es tal que se estima que el 75 % de los cultivos alimentarios del mundo dependen de la polinización, expuso.

Además, dijo que Agricultura de México, en colaboración con autoridades federales, estatales y municipales, impulsa programas de selección y mejoramiento genético de abejas, lo que ha permitido reducir el impacto negativo de la africanización de estos insectos.

México es uno de los países con la mayor riqueza en abejas, pues de las 20.000 que existen en el mundo, unas 2.000 están en México, además de que más de 50.000 familias dependen, directa e indirectamente, de la apicultura. EFE

(Corrige titular sobre decisión de Supremo de México)

Ciudad de México, 10 ago (EFE).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México otorgó este miércoles un amparo a familiares de dos personas que fueron detenidas por militares y policías locales en la ciudad de Oaxaca en mayo de 2007 y que posteriormente desparecieron.

Además, señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las policías del Estado y del municipio de Oaxaca “son responsables de la desaparición forzada” de dos miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), cuyo paradero se desconoce desde el momento de su detención y por ello le pidió a los militares permitir la búsqueda de sus familiares.

En un comunicado, la Primera Sala de la SCJN sostuvo que la desaparición forzada es una de las violaciones más graves a derechos humanos que somete a los familiares de la persona a actos equiparables a tortura y tratos crueles e inhumanos al desconocer el paradero y destino de su ser querido.

Reconoció que los familiares de personas desaparecidas “tienen el derecho a conocer las circunstancias de la desaparición y lo ocurrido con sus seres queridos”, además de saber quiénes fueron los responsables, a agotar todas las posibilidades para encontrarlos, a tener acceso a información que permita ese propósito y a medidas de reparación.

El amparo concedido a dos personas en su calidad de víctimas indirectas fue en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de la República (FGR).

Así como de diversas autoridades estatales y municipales de seguridad y procuración de justicia del estado de Oaxaca, por la desaparición forzada de dos familiares “y por la abstención de la agente ministerial de realizar las diligencias necesarias para investigar los hechos denunciados”.

En su sentencia, la Primera Sala deliberó que, al momento de analizar la desaparición forzada como violación a derechos humanos, la persona juzgadora de amparo “debe atender a un estándar de prueba atenuado que le permita analizar indicios y pruebas indirectas y testimoniales”.

Esto en relación con el contexto en el que ocurrieron los hechos, ya que la desaparición forzada se caracteriza “por la falta de pruebas directas”.

Por lo tanto, apuntó la SCJN, para tener por ciertos los actos reclamados en el juicio de amparo, en materia de desaparición forzada, “no es necesario que primero se haya acreditado la responsabilidad penal de los servidores públicos involucrados”.

Además, el Alto Tribunal determinó que, en casos de desaparición forzada, las autoridades de amparo pueden fijar medidas tendientes a lograr una reparación integral.

Esto, dada la naturaleza de estos actos, pues se trata de una de las más graves violaciones a los derechos humanos al vulnerar, entre otros, los derechos de libertad, integridad personal, identidad, vida y reconocimiento de la personalidad jurídica.

Con la decisión, la SCJN confirmó, por tres votos contra uno, la sentencia dictada en mayo de 2019 por una jueza federal, que declaró responsables a las autoridades mencionadas por desaparición forzada, privación de la libertad, ocultamiento de información sobre el paradero de los detenidos y violaciones múltiples a los derechos humanos.

El proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat propuso amparar a la familia de las víctimas, para el efecto de que las autoridades federales integren una comisión especial de búsqueda, junto con especialistas y abogados propuestos por los hijos de los desaparecidos. EFE

Ciudad Juárez (México), 11 ago (EFE).- Una brutal ola de violencia contra las mujeres, con descuartizamientos y decapitaciones, alerta a activistas de Ciudad Juárez, en la frontera norte de México, donde ocurrieron 87 feminicidios de enero a julio, según el colectivo Red Mesa de Mujeres.

Las organizaciones civiles han indicado que entre los crímenes cometidos en lo que va del año, destaca el de mujeres asesinadas, mutiladas y tiradas en la vía pública.

Las Autoridades catalogan que las mujeres asesinadas eran parte del crimen organizado, lo que genera que la investigación de sus muertes esté dirigida por la Fiscalía General del Estado y no por la Fiscalía de la Mujer, declaró este jueves a Efe Yadira Cortés, coordinadora de la agrupación.

Añadió que los casos también están relacionados con el flujo migratorio de la ciudad, fronteriza con El Paso, Texas.

“A nuestra ciudad llegan los deportados de Estados Unidos, gente mexicana y quienes llegan de Suramérica, aquellas mujeres, al no contar con quién les diga ‘déjalo (al agresor) aquí te cobijo’, siguen en la situación de violencia”, lamentó.

ARGUMENTOS DE LAS AUTORIDADES

La activista señaló que “es importante que las autoridades dejen de decir y empiecen a hacer, y ver con las acciones resultados”.

También criticó el insuficiente presupuesto para psicólogos y abogados, y que varias mujeres van a las instancias públicas a pedir ayuda, pero les dan cita para el mes siguiente.

“¿En un mes quién les asegura la vida?”, cuestionó.

El fiscal general de Chihuahua, Roberto Fierro Duarte, declaró en un evento público sobre los recientes hechos de violencia que, “según las investigaciones, se trata de un problema serio de enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada”.

Afirmó que son diferentes bandas criminales las que están cometiendo homicidios dolosos en la ciudad, donde se desarticularon más de 20 células delictivas en los últimos días.

CRÍMENES ATROCES

Esta ola de violencia ocurre mientras México afronta una crisis de violencia machista a nivel nacional con más de 10 mujeres asesinadas cada día, según ONU Mujeres.

Un ejemplo de los hechos violentos fue a principios de este mes, cuando abandonaron restos humanos en bolsas de plástico en el barrio Villas de Alcalá.

En este mismo sector, se localizó una llanta negra con letras amarillas y arriba una bolsa de plástico color negro, en la que se aprecia un pie, según datos de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal.

Además, el fin de semana al sur-oriente de la ciudad, se localizó una cabeza humana, presuntamente de una mujer, mientras que el miércoles pasado se reportó el hallazgo de una cabeza de una mujer en un parque en el norte de la ciudad.

El reciente fin de semana hubo 15 personas asesinadas, cuyos cuerpos aparecieron desmembrados. En lo que va del mes, van 28 casos de este tipo.

PROMETEN ACCIONES

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, colocó este miércoles la primera piedra de la “Torre Centinela” para mejorar la capacidad de respuesta y disminuir los índices delictivos con una inversión de 4.000 millones de pesos (unos 200 millones de dólares).

Otra de las acciones para prevenir estos hechos ocurrió a finales de 2021, cuando la gobernadora y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, firmaron una carta intención en materia de prevención de la violencia, que incluía el fortalecimiento de las Policías municipales y su unificación con la Policía estatal. EFE

Al pozo 4 de la mina, que se ubica en el municipio de Sabinas, estado de Coahuila, norte de México, ingresó el Equipo de Respuesta Inmediata del Ejército mexicano pero casi tres horas después se tuvo que suspender la misión al “no haber condiciones de seguridad”, dijeron familiares de los mineros atrapados a medios de comunicación, tras recibir información de las autoridades.

Las familias de los mineros atrapados permanecen a las afueras de la mina con la esperanza de que sean rescatados con vida.

La entrada de los rescatistas al pozo de la mina, de unos 60 metros de profundidad, ocurrió alrededor de las 17.00 horas (22.00 GMT) por medio de una especie de jaula o cápsula de metal, también llamada “cápsula de la vida’.

El aparato, que tiene como función subir y bajar a los mineros durante su jornadas de trabajo en el lugar, es una especie de polea impulsada por un motor.

Según reportes de personas que trabajan cerca de los equipos de rescate y que ofrecieron la información a los medios, entre ellos Efe, junto con el equipo del Ejército también ingresó un minero que conoce el pozo y puede dar información clave a los rescatistas.

La entrada de los militares ocurrió tiempo después de que autoridades mexicanas expresaran su confianza de “estar a horas” de ingresar a la mina donde 10 mineros permanecen atrapados desde las 13.35 hora local (18.35 GMT) del 3 de agosto.

Este miércoles, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó en redes sociales que habían iniciado los trabajos para retirar los pilotes de madera que obstruyen el paso en el pozo 4.

Esto para permitir que un buzo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) llevara a cabo una exploración inicial de las condiciones existentes dentro de la mina, la cual ocurrió unas horas más tarde.

El martes, el Gobierno mexicano dijo que perforaría 5 nuevos pozos para extraer agua en la mina colapsada.

Ese día, la coordinadora nacional de Protección Civil de México, Laura Velázquez, en videoconferencia desde el lugar, dijo que todavía “no existían las condiciones” para el ingreso de cuerpos de búsqueda y rescate, lo que se confirmó este miércoles.

En tanto, en su conferencia diaria, desde el Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que el derrumbe se dio como resultado de la perforación de una pared que contenía una gran cantidad de agua almacenada que inundó la mina.

Y explicó que cinco mineros que están a salvo al exterior de la mina “afortunadamente lograron salir casi expulsados por la misma inundación”.

El lunes, las autoridades mexicanas ingresaron un dron acuático para evaluar y revisar las condiciones de la mina, esto con el objetivo de que buzos rescatistas ingresarán al sitio.

El derrumbe de la mina recuerda los trágicos accidentes que se han presentado en México en los últimos años.

De acuerdo con la Familia Pasta de Conchos, que agrupa a familiares de mineros fallecidos en el derrumbe de 2006 en la mina de ese nombre, también en Coahuila, se han registrado más de 100 muertes de personas dedicadas a la minería en esta zona de carbón desde entonces. EFE

Ciudad de México, 11 ago (EFE).- El Gobierno mexicano negó este jueves haber suspendido las labores de rescate de los 10 mineros que llevan más de una semana atrapados tras un derrumbe en una mina de carbón en Sabinas, en el norteño estado de Coahuila.

“Ayer un periódico, un medio de información, habló de que se habían detenido las labores de rescate, de muy mala fe. Entonces (vamos a) aclarar eso”, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sus declaraciones se producen después de que medios de información nacionales citaron a familiares de los mineros y fuentes de dependencias de Gobierno que señalaron que se había suspendido la misión porque buzos encontraron áreas colapsadas.

Pero Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, afirmó que llevan “183 horas de trabajo ininterrumpido” desde que se reportó el derrumbe a las 13.35 hora local (18.35 GMT) el 3 de agosto, cuando se inundó la mina de carbón en Sabinas por el colapso de un muro.

“Jamás se suspenden labores. Se trabajan las 24 horas del día y nuestro trabajo lo pueden testificar los propios familiares de los mineros. El trabajo que realizamos acá es continuo”, sostuvo la funcionaria en una videollamada desde el sitio.

La titular de Protección Civil había expresado el miércoles su confianza de “estar a horas” de que pudieran entrar los buzos rescatistas.

Sin embargo, aunque hubo cuatro descensos en uno de los pozos inundados que hay en la mina, no hubo condiciones para que se consumara el rescate, reconoció Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena).

“No tienen espacio para avanzar, tienen obstrucciones, hay maderas, sigue habiendo ahí algunos polines (vigas), inclusive con las luces que llevan para poder observar en el interior no tienen la visibilidad que requieren”, indicó el jefe del Ejército.

Aún así, Velázquez afirmó que “no hay ningún riesgo de colapso”.

También expuso que han extraído 148.460 metros cúbicos de agua, por lo que en uno de los pozos están llegando “a niveles donde pueden entrar los rescatistas”.

“Esto lo estaremos evaluando en el transcurso del día, tenemos que ser muy cuidadosos para no exponer a nadie. Entendemos la urgencia de entrar y ojalá que el día de hoy pueda ser”, mencionó.

El derrumbe de la mina recuerda los trágicos accidentes que se han presentado en México en los últimos años.

De acuerdo con la Familia Pasta de Conchos, que agrupa a familiares de mineros fallecidos en el derrumbe de 2006 en la mina de ese nombre, también en Coahuila, se han registrado más de 100 muertes de personas dedicadas a la minería en esta zona de carbón desde entonces. EFE

Ciudad de México, 10 ago (EFE).- Una mujer y cuatro hombres recibieron penas individuales de 124 años y 3 meses de prisión y una multa global de 8,67 millones de pesos (unos 432.725 dólares) por los delitos de secuestro agravado y asociación delictuosa, informaron este miércoles autoridades del estado de Sonora, noroeste de México.

En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) indicó que las penas fueron impuestas por un juez con base en las pruebas recabadas y presentadas durante el juicio por personal de la trilogía investigadora de la Fiscalía.

La citada trilogía investigadora integrada por el Agente del Ministerio Público, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de Servicios Periciales, determinó la responsabilidad de los sujetos en los hechos suscitados el 15 de diciembre de 2021.

El informe recordó que portando armas de fuego, los cuatro hombres arribaron a un hotel ubicado en la ciudad de Guaymas, en la colonia (vecindario) Centro, de donde sacaron con violencia a dos hombres que ahí se hospedaban, los subieron a un vehículo y los llevaron a otro sitio.

Posteriormente, en una vivienda ubicada en la colonia (vecindario) Popular los mantuvieron cautivos, estuvieron golpeando a las víctimas por varias horas hasta que salieron, momento en el que la mujer del grupo se unió para estarlos vigilando. Uno de los secuestrados escapó el 16 de diciembre.

La persona encontró a agentes de la Secretaría de Marina (Semar) y de Seguridad Pública Municipal, quienes liberaron a los secuestrados y en un operativo con la Mesa Estatal de Seguridad detuvieron en flagrancia delictiva a los ahora sentenciados, quienes entre todos acumulan 621 años y 3 meses de prisión.

La Fiscalía contó que personal de Litigación, de la Vicefiscalía de Control de Procesos, presentaron las pruebas en el juicio oral, que inició el 2 de agosto y concluyó el 9 de agosto dentro de la causa penal por secuestro agravado y asociación delictuosa. EFE

La aceptación del mandatario es la mayor desde diciembre de 2019 en la medición de esta casa encuestadora, que reporta una estabilidad en la aprobación del presidente que se ha mantenido por encima de 60 % desde entonces.

En diciembre de 2019, el índice de aprobación era del 66,28 % y en marzo de este año subió al 66,72 %, aunque ya para el presente mes la cifra quedó en 67,18 %.

La encuesta de Poligrama se realizó entre el 5 y el 8 de agosto telefónicamente a 32.000 personas, 1.000 por cada estado del país, con un tipo de muestreo aleatorio, un nivel de confianza de 95 % y un margen de error de 3,1 %.

Por estados, Oaxaca (83,26) %, Tabasco (82,96 %), Guerrero (80,78 %), Ciudad de México (79,43 %) y Campeche (79,16 %), en el centro y sur del país, son las entidades con mayor respaldo al presidente.

En contraste, Querétaro (47,35 %), Aguascalientes (52,46 %), Jalisco (54,25 %), Guanajuato (54,36 %) y Zacatecas (59,16 %), en su mayoría en la zona central del Bajío, son los estados donde López Obrador obtiene menos aprobación.

La difusión de esta medición, que muestra niveles similares a la de otras casas encuestadoras, se da tres semanas antes de que el mandatario presente su cuarto informe anual de gobierno.

En México, históricamente, los presidentes deben presentar un informe cada 1 de septiembre, que consiste en una rendición de cuentas a los ciudadanos sobre las acciones que han realizado durante su Administración los 365 días previos.

No obstante, López Obrador, en el poder desde diciembre de 2018, ha dado poco más de una decena de mensajes en lo que va de su gestión, el primero a los 100 días de su gobierno, después uno por cada aniversario de triunfo en las urnas y los del 1 de septiembre marcados como oficiales.

Este año, la gestión de López Obrador está marcada por la inflación, su propuesta de decreto para oficializar que la Guardia Nacional sea controlada en su totalidad por el Ejército y polémicas del Tren Maya, donde organizaciones civiles han conseguido amparos para frenar obras. EFE

Martha López-Huan

Mérida (México), 11 ago (EFE).- La marea roja ha hundido la economía de pescadores de Yucatán, en el sureste mexicano, en particular en Telchac Puerto, San Crisanto y Chabihau, donde el fenómeno llegó justo en el levantamiento de la veda del pulpo.

“Nos esperanzamos con la llegada de la temporada de pulpo, porque es una especie que se vende muy bien, pero vimos el manchón rojo que empezó a acercarse a las playas y todo se acabó, ya no tenemos trabajo”, contó este jueves a Efe Roger Cetina Chan, quien lleva 49 años pescando en puertos de Yucatán.

Mario Wilberth Ramírez, otro experto pescador de Telchac Puerto, coincidió en anticipar el negro panorama que se avecina para la zona por la marea roja, que consiste en una proliferación de microalgas con un efecto nocivo en los otros organismos.

“Si no hay trabajo, no hay dinero para poner pan en la mesa”, lamentó.

La marea roja amenaza a un sector que a nivel nacional alcanzó en 2021 un valor de 47.239 millones de pesos (unos 2.361 millones de dólares) y un volumen de 1,9 millones de toneladas, el puesto 17 a nivel global, según la Secretaría de Agricultura.

Por ello, los pescadores de Yucatán agradecieron el apoyo que recibieron en los últimos días del Ejército y la Guardia Nacional ante la marea roja, que abarca de la playa a mar abierto unos 11 kilómetros, según les explicó un biólogo.

Además, mostraron una alfombra de mantarrayas, anguilas, cazones, peces ángel, jaibas y otras especies exóticas afectadas por el fenómeno.

“Los soldados y las autoridades abrieron zanjas y recogieron miles de especies de mar para evitar la putrefacción y con eso enfermedades infecciosas, porque esto de hoy no es nada, ya se limpió la playa, pero siguen recalando animales muertos”, dijo Roger.

El agua del mar de Telchac presenta un color negro, al igual que San Crisanto y Chabihau, ubicados en el noroeste de Yucatán, a 65 kilómetros de la capital Mérida.

Las autoridades de Progreso, el principal puerto de la entidad, anunciaron esta semana la llegada de la marea roja ante el recale de decenas de especies marinas, principalmente de langostas.

El oceanógrafo Alejandro Souza Gómez, del Laboratorio de Procesos Costeros del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), explicó que las microalgas (fitoplancton) que causan la marea roja que azota los puertos de Yucatán son dos: la diatomea y el dinoflagelado.

El experto aclaró que el nombre correcto de la marea roja es florecimientos algales nocivos.

“Si son tóxicas, las enferman por veneno y si no, se le pegan a las branquias y acaban ahogando a los animales”, explicó el excatedrático de la Universidad de Liverpool.

El experto consideró que la marea roja podría durar otras dos semanas en el estado, “en lo que se dispersa la mancha o se termina el ciclo de vida de las algas”.

Recordó que la marea roja afectó al estado en 2001, 2008 y 2011, pero previó “las algas se van a morir en los próximos días, quizá en una semana más”.

El oceanógrafo recomendó no consumir productos del mar de la región en estos momentos de marea roja, “porque los peces, pulpos, jaibas y langostas podrían estar envenenados o quizá enfermos”. EFE